Los estragos de la DANA sobre buena parte de España siguen en aumento, con las labores de rescate y reconstrucción en marcha y con el Gobierno entre críticas por la inacción y la lentitud en algunos casos, en una situación de presión ciudadana también sobre el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana. En este escenario este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido en Bruselas con el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, y con la directora de la Dirección General de Regiones, Themis Christophidou. El objetivo ha sido abordar "los instrumentos y los mecanismos" de apoyo de la UE ante la catástrofe.
Pero España sigue sin solicitar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, preparado como paraguas de ayuda en el caso de desastres naturales como el que se está dando en territorio español durante los últimos días. Se trata de un sistema creado ya en el año 2001, que tiene por objeto reforzar la cooperación en materia de protección civil -es un despliegue de efectivos y de recursos no económicos- entre los Estados miembros de la Unión y otros diez países participantes, "a fin de mejorar la prevención, preparación y respuesta ante catástrofes", explican desde la Comisión Europea. Cuando se produzca una respuesta positiva de emergencia, cualquier país puede solicitar ayuda a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE.
La Comisión desempeña un papel fundamental en la coordinación de la respuesta ante catástrofes en todo el mundo y sufraga al menos el 75% de los costes operativos y de transporte de los despliegues. Eso sí, tiene que ser el país miembro afectado el que solicite la ayuda, pues esta no es automática.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha dejado clara su disposición para el respaldo a España. "Reiteré la disposición de la UE a ayudar después de esta tragedia en plena solidaridad con las personas y comunidades afectadas", comentó el comisario. Eso sí, un Estado miembro no está obligado a recurrir al Mecanismo, que da apoyo logístico pero no económico. Por ejemplo, en las inundaciones de hace meses en Europa Central Hungría sí pidió el apoyo de esta vía, pero no lo hicieron ni Austria ni Eslovaquia.
"Lo que es definitivamente importante es que todos hagan todo lo posible para ayudar a los ciudadanos de Valencia y la región a sobrellevar la situación. La UE, como saben, ha proporcionado el apoyo que ha podido, en particular en forma de imágenes satelitales, y estamos preparados para asistir de cualquier otra manera que se considere apropiada", resumió por su parte el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer.
La UE, como saben, ha proporcionado el apoyo que ha podido, en particular en forma de imágenes satelitales, y estamos preparados para asistir de cualquier otra manera
También está sobre la mesa la opción del Fondo Europeo de Solidaridad, que gestiona el departamento de Christophidou, precisamente. Tiene un uso para el después de la DANA, y no para el durante, pues es el principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación de catástrofes naturales y es una expresión de la solidaridad, tal como explican desde Bruselas. Se ha recurrido a él en situaciones como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas o sequías.
El Fondo de Solidaridad fue creado en 2002 para responder a las inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de ese año. Desde entonces, ha prestado apoyo en más de 130 ocasiones. Hasta la fecha, veinticuatro Estados miembros (más el Reino Unido) y tres países candidatos (Albania, Montenegro y Serbia) han recibido ayuda del Fondo de Solidaridad, y se han pagado en total más de 8.200 millones de euros.
¿Cómo funciona el fondo? Es una subvención que complementa el gasto público del Estado beneficiario, en este. caso España, y se destina a financiar medidas de emergencia y recuperación esenciales que mitiguen los daños que, en principio, no sean asegurables. Entre las medidas a tomar se incluye el restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones en los sectores de la energía, el agua potable, la eliminación de las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la enseñanza; la puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio destinados a cubrir las necesidades de la población afectada; a esto se incluye también el aseguramiento inmediato de las infraestructuras de prevención y medidas de protección del patrimonio cultural.
También engloba por ejemplo la limpieza de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales, así como asistencia rápida, entre ellas la asistencia médica, a la población afectada por una emergencia grave de salud pública y protección de la población frente al riesgo de verse afectada. En ese escenario, la Unión puede conceder ayuda financiera a cualquier Estado miembro o país candidato que lo solicite tras una catástrofe natural grave. Es decir, no es de aplicación directa, sino que necesita una 'llamada' en este. caso por parte de España. El país afectado debe presentar su solicitud en un plazo de doce semanas a partir de la catástrofe. A continuación, la Comisión evalúa la solicitud y propone un importe de ayuda financiera.
El procedimiento de asignación de una subvención, seguido de un procedimiento presupuestario (con la aprobación por el Parlamento y el Consejo), puede durar varios meses. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Exista, además, la posibilidad de que los Estados miembros solicitasen el pago de un anticipo, que la Comisión puede decidir concederles siempre y cuando haya suficientes recursos disponibles. El importe máximo del anticipo es el 25% del importe total previsto de la contribución financiera del Fondo de Solidaridad y está limitado a 100 millones de euros.
