La emergencia habitacional se está convirtiendo, por fin, en la protagonista del debate público. Y es que, con una escalada de precios sin precedentes en los alquileres y los altos precios de compra de vivienda, se requiere una respuesta contundente por parte de las administraciones públicas.
El acceso a la vivienda (compra o alquiler) se ha convertido en un quebradero de cabeza para todos y todas, especialmente para los y las jóvenes, quienes ven en la vivienda más un sufrimiento que un derecho recogido en nuestra Constitución. Pero ni en esto el Partido Popular es capaz de arremangarse: simplemente bloquea y boicotea la ley de vivienda allá donde gobierna, especialmente en el pseudoparaíso fiscal en el que Ayuso intenta convertir la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, vemos un ejemplo claro de compromiso con la vivienda, el que muestra desde el primer día el Govern de Salvador Illa. La semana pasada, en el primer debate de política general de la legislatura, anunció la construcción de 50.000 viviendas publicas, una inversión de 1.000 millones anuales destinados a políticas de vivienda y un fondo de 500 millones de euros que permita a los jóvenes acceder a la compra de una vivienda.
A estas medidas cabe añadir otras como el programa de aumento de reserva pública de suelo, una nueva línea de financiación para operadores públicos y privados para la construcción de vivienda de protección oficial, y un compromiso firme con la regulación de pisos turísticos de temporada y habitaciones, en coordinación con el Gobierno de España.
Esta apuesta del Govern Illa por la vivienda es la que los y las ciudadanas, y especialmente los y las jóvenes esperan. Porque es aquí donde crece o se destruye la confianza en lo público, porque solo atendiendo a la emergencia habitacional como se reclama, ayudaremos a toda una generación a poner la primera piedra de un presente y un futuro justo y en libertad.
