El Gobierno no tendrá que negociar hasta el último momento la semana que viene para sacar adelante la última pata de su reforma de las pensiones, la que refuerza los incentivos para retrasar la jubilación y permitirá que quienes sigan trabajando más allá de los 67 años puedan percibir, a la vez, una parte de su pensión. Este martes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó que los populares apoyarán este decreto cuando se vote la semana que viene en el Congreso. Y eso otorga al Ejecutivo una cómoda mayoría para sacar adelante el paquete de medidas y le servirá, además, para disimular una nueva ruptura de la alianza con sus socios habituales, varios de los cuáles han mostrado su rechazo a la reforma.
Ese es el caso de EH Bildu, Podemos o BNG, que consideran, en resumidas cuentas, que el modelo que impulsa el Gobierno empuja a las personas con ingresos más bajos a alargar su edad de jubilación en lugar de centrarse en entregarles una pensión digna que no sea necesario complementar con ingresos del trabajo. Fuentes de ERC, por el contrario, confirman que finalmente "no se opondrán" al mismo en el Congreso, a pesar de que los republicanos se mostraron muy críticos con el texto cuando se cerró su redacción final. La formación justifica su decisión asegurando que la norma incluye algunos avances, como un nuevo procedimiento para adelantar la jubilación sin recortes en las profesiones penosas o peligrosas.
El voto de estos partidos, no obstante, no es necesario para el Gobierno en esta cuestión, habida cuenta de que el PP apoyará la reforma con el argumento de que fue acordada hace unos meses por la patronal y los sindicatos CCOO y UGT. La mayoría que suman los dos principales partidos del Congreso proyectará una imagen de enorme consenso, puesto que solo entre PP y PSOE suman 257 diputados, a los que habría que unir los 27 que tiene Sumar: 284 actas de un total de 350. Pero tras esa imagen arrolladora se oculta una nueva ruptura del Gobierno con varios de los socios que hicieron posible su investidura.
Partidos como EH Bildu son muy críticos habitualmente con que en las negociaciones del diálogo social no estén presentes otras centrales como ELA y LAB, las dos organizaciones sindicales más potentes en el País Vasco. No obstante, ese no es el único motivo por el cual los abertzale rechazan el pacto sobre pensiones que se debatirá la semana que viene: el diputado Iñaki Ruiz de Pinedo denunció este mismo martes que, además de que la norma "no representa a los y las pensionistas vascas ni tiene el aval de la mayoría sindical vasca", también "empuja a quienes tienen pensiones más bajas a alargar su edad de jubilación para complementarla".
Esa discrepancia sobre el contenido es exactamente la misma que esgrime Podemos para rechazar un decreto que, consideran los morados, supone "alargar la edad de jubilación de forma encubierta". "Esta reforma constituye un ataque especialmente perjudicial para las clases trabajadoras, que pueden verse forzadas a trabajar más allá de los 70 años para ver mejorada su capacidad adquisitiva, y para las personas trabajadoras que desempeñan actividades físicas o peligrosas, que verán aumentar de forma exponencial los riesgos para su salud", denunciaron fuentes de Podemos este martes.
Hasta el 100% de la pensión mientras se trabaja
En concreto, el principal elemento de discordia entre el Gobierno y varios de sus socios de izquierdas es el nuevo diseño de la "jubilación activa", por el cual se podrá compaginar un sueldo con percibir una parte de la pensión si el trabajador decide no retirarse cuando llegue a la edad legal que le permite hacerlo. El nuevo modelo establece que podrán compatibilizar pensión y trabajo tanto los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos que tengan contratada al menos a otra persona, y el puesto de trabajo que se ocupe podrá ser tanto a jornada completa como a media jornada.
El importe de la pensión que se percibirá junto al sueldo varía en función del número de años que se haya demorado el acceso a la jubilación: a más años trabajando por encima del límite legal, más prestación se cobrará para complementar el salario. En concreto, si se demora un año el retiro, quienes opten por este modelo podrán cobrar un 45% de la pensión que les corresponda y, a partir de los dos años, ese porcentaje crece hasta el 55%. Desde los tres años, la cuantía será la equivalente al 65% de la pensión, y el porcentaje crece hasta el 80% para quienes retrasen cuatro años su edad de jubilación. De cinco años en adelante, la pensión se cobrará completa aunque se siga percibiendo un sueldo.
¿Cuál es el problema de este sistema, a juicio de quienes se oponen a él? Que en el caso de quienes hayan percibido un salario bajo durante toda su carrera y que, por ende, tengan derecho a percibir una pensión no demasiado cuantiosa, la decisión de seguir trabajando más allá de su edad de jubilación no es libre, sino que está condicionada por la precariedad. La gente más perjudicada, según entienden partidos como EH Bildu o Podemos, serán precisamente las rentas bajas, que —según interpretan estos partidos— caerán en una trampa: o bien jubilarse y perder una parte de sus ya exiguos ingresos, o bien seguir trabajando cuando ya no deberían hacerlo para mantener o incluso poder mejorar algo su poder adquisitivo.
