El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso del Partido Popular contra la ley de amnistía, después de que el Grupo Parlamentario Popular solucionara algunos errores formales en el escrito. Además, el Pleno del tribunal ha rechazado apartar del debate sobre la amnistía al magistrado José María Macías, al que había recusado la Abogacía del Estado. El propio Macías, que se pronunció contra la medida de gracia cuando formaba parte del Consejo General del Poder Judicial, será el ponente de la sentencia que responda a este recurso del PP, uno entre la veintena de escritos que se han presentado contra la ley.
El Tribunal Constitucional aún debe resolver las recusaciones que presentó la Fiscalía contra Macías para tratar de apartarlo del debate sobre otros recursos contra la amnistía. La Abogacía del Estado alegaba en su escrito que el 21 de marzo, Macías, como vocal del CGPJ, suscribió un informe contra la ley de amnistía. Al haber "ocupado un cargo público" desde el que tuvo "conocimiento del objeto de litigio", la Abogacía del Estado consideraba que Macías no sería imparcial y debía apartarse del debate.
Pero el Pleno del Constitucional ha rechazado apartarlo, igual que descartó las recusaciones presentadas contra el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada Laura Díez. Por tanto, el único magistrado que se abstendrá del debate es Juan Carlos Campo, que decidió apartarse porque durante su etapa como ministro de Justicia firmó un documento en el que señalaba que la amnistía es "claramente inconstitucional".
El motivo que ha llevado al Pleno a rechazar la recusación contra Macías es que la Abogacía del Estado la presentó de forma "prematura". Según ha explicado el tribunal, el escrito se presentó el 20 de septiembre de 2024, "antes de que el Pleno se haya pronunciado acerca de la admisibilidad a trámite del recurso de inconstitucionalidad". En definitiva, el Constitucional sostiene que la recusación se formuló "fuera de plazo". Se debería haber planteado ahora, una vez el órgano de garantías ha admitido a trámite el recurso del PP.
El órgano de garantías no conoce precedentes de un debate que haya suscitado el planteamiento de tantas recusaciones como el de la amnistía. Se han presentado hasta 54 peticiones de apartar a diversos magistrados que componen el Pleno de este tribunal. Ninguna de ellas ha sido aceptada por el Constitucional. La primera que se abordó (una vez Campo ya se había apartado), fue la de Cándido Conde-Pumpido. El motivo por el que el PP trató de apartarlo es que este magistrado ya se abstuvo de intervenir en el debate sobre la sentencia del procés, a razón de unas declaraciones públicas que había hecho con anterioridad.
Sin embargo, el Pleno consideró que este no era motivo de recusación porque el recurso contra la sentencia del procés "no coincide con el enjuiciamiento constitucional de una ley penal que no existía" en aquel momento. Los populares también trataron de apartar a Laura Díez, que antes de acceder al Constitucional había ocupado varios cargos en el Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes.
Las recusaciones contra Laura Díez se sustentaban únicamente en que Díez fue directora de Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y después encabezó la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia. Esto tampoco fue motivo suficiente para que el órgano de garantías considerase que la magistrada debía apartarse del debate.
En cuanto a José María Macías, el motivo de su recusación tiene que ver con el papel que desempeñó en el CGPJ, institución que dejó a principios de verano. Macías fue uno de los vocales del Consejo que más se afanaron en criticar la medida de gracia. Además, al margen de sus declaraciones públicas, el magistrado firmó varios informes contra la medida de gracia.
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