El impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, con un tipo ordinario de 7% y minorado al 0% desde 2021 hasta 2023 como una de las medidas para hacer frente a la subida de la inflación por la guerra de Ucrania, volverá a quedar suspendido cuando entre en vigor la nueva ley que regula el sistema de comercio de emisiones de CO2, después de que este lunes el Congreso apoyara introducir una enmienda del PP pactada con Junts para dejar de nuevo sin efecto este impuesto de tipo medioambiental, que grava la producción de energía y se repercute en las facturas domésticas y que rechazan eléctricas e industria porque les deja en peor condición para competir con otros países que no lo tienen. El PP calcula que su suspensión supondrá un ahorro de 400 millones a las familias españolas, de 500 millones para las pymes y de 200 millones para las grandes industrias.
El PP y Junts pactaron una enmienda para la suspensión de este tributo en la ponencia que que trabaja sobre este proyecto de ley para modificar el sistema de comercio de emisiones. También la apoyaron Vox, ERC y PNV y que va en contra del propósito del Gobierno de ir eliminando las ayudas, en este caso, rebajas fiscales para afrontar la subida de la inflación de los últimos años. Según la enmienda, el tipo del impuesto a la generación eléctrica pasará a 0% "siempre y cuando no haya déficit de tarifa", explican fuentes populares, que califican la inclusión de esta enmienda de "éxito parlamentario", que "permitirá bajar el precio de la factura eléctrica a las familias y las empresas".
Por el contrario, el PP no consiguió este lunes que prosperara otra para que el IVA de la electricidad y del gas volvieran a bajar al 5% en 2025, desde el 21% que tiene el gas ya en estos momentos y el 10% que hasta el 31 de diciembre tendrá la electricidad, antes de regresar también al tipo ordinario del 21% el 1 de enero, como así sucederá tras no encontrar el PP apoyos suficientes.
Para que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica sea una realidad, ahora el informe de ponencia -con todas las enmiendas introducidas- deberá aprobarse en la comisión de Transición Ecológica del Congreso y después pasará al Pleno del Congreso. Recordando el caos en la ponencia que supuso hace unas semanas la aprobación de la reforma fiscal, el PP espera que "el PSOE y Sumar no intenten maniobrar, como han hecho en otras ocasiones, para bloquear la convocatoria de la comisión e impedir que el informe que incorpora dichas enmiendas vea la luz". Por otra parte, está por ver la posibilidad, todavía no aclarada a preguntas de este periódico, de si el Gobierno podría -y querría- vetar esta suspensión del impuesto alegando un incremento del gasto o, en este caso, una disminución de ingresos.
Apoyo a ERC y Junts para la petroquímica de Tarragona
Por otra parte, la ley sobre el mercado de emisiones también incorporará una enmienda impulsada por ERC y Junts para 'salvar' a más de un centenar de plantas de industria de cogeneración -metalúrgicas, papeleras, agroalimentarias, petroquímicas o textiles- del cierre o la deslocalización a otros países con los que amenazan este sector si el Gobierno no prorroga su régimen retributivo, ya caducado, hasta que el Ministerio de Transición Ecológica no celebre la subasta comprometida por 1.200 MW de electricidad generada en sus procesos térmicos, que lleva ya tres años de retraso.
Aunque tampoco es materia de la ley sobre el nuevo sistema de comercio de emisiones, ERC y Junts presentaron sendas enmiendas, apoyadas por Foment del Treball y la CEOE, para que el Gobierno extienda su régimen retributivo hasta que se celebre la nueva subasta. Entre las empresas que se verían beneficiadas están Repsol y otras con instalaciones en el complejo petroquímico de Tarragona. Los dos partidos de la coalición del Gobierno, PSOE y Sumar, han votado en contra. El PP lo ha hecho a favor y Vox, Bildu y BNG se han abstenido, según indican fuentes parlamentarias.
Los dos partidos catalanes planteaban, bien una disposición transitoria nueva, bien un artículo bis, con el mismo texto, para que "las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia y de tratamiento de residuos de cogeneración del sector porcino [purines] que hayan superado o superen su vida útil regulatoria con fecha posterior al 1 de enero de 2021 y que manifiesten su interés en participar en la asignación de un nuevo régimen retributivo [en la subasta], podrán percibir el término de retribución correspondiente a su instalación tipo por la energía que produzcan desde la entrada en vigor de esta Ley y hasta que se apruebe y se adjudique la retribución derivada del nuevo régimen regulador de estas tecnologías". Este derecho de percepción de la retribución extraordinario, añaden, se extinguirá cuando se fije uno nueve mediante la subasta.
Este lunes, ERC y Junts han pactado una enmienda que ha tenido una mayoría de apoyos entre los grupos parlamentarios que al anterior añade un texto que insta al Gobierno a convocar cuanto antes las subastas de cogeneración. "Con la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno, a la mayor brevedad posible, aprobará el marco reglamentario y el cronograma para la celebración de una o varias subastas que sumen 1.200 MW de cogeneración en 2025 o varias subastas que sumen 800 MW en 2026".
