Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) -Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León-, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han manifestado su "rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda".
En un comunicado conjunto publicado este jueves por la mañana antes de que dé comienzo la conferencia sectorial de vivienda para abordar la elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda y la ampliación del Bono Alquiler Joven, los dirigentes autonómicos del PP han reafirmado su decisión de no declarar en sus territorios zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler y han señalado que no tolerarán la "amenaza" y el "chantaje" del Gobierno de retirarles fondos.
"Con el Gobierno de Sánchez, los alquileres se han vuelto prohibitivos. Ya son para muchos ciudadanos un bien de lujo en lugar de ser uno de primera necesidad. Es más, entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres se ha incrementado un 32%. Y desde la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13%", denuncian.
Por ello, los barones del PP se "reafirman en su negativa a declarar en sus territorios Zonas de Mercado Tensionado y, por lo tanto, a no intervenir en los precios de alquileres porque este tipo de medidas solo sirve para que suban los precios y baje la oferta", exponen.
Asimismo, han rechazado el procedimiento anunciado para hacerlo, que tal y como han manifestado, supone un "reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político y a una ideología concreta".
"No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda", han recalcado en un manifiesto conjunto, en el que reclaman al Gobierno que "dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema que ya es
acuciante para una mayoría de la población española", y que "elimine sus planteamientos ideológicos y de confrontación".
En este sentido, han expuesto que "el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan", y que "no hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal".
Por ello, instan al Ejecutivo a "buscar soluciones a un problema que está alcanzando magnitudes de drama social, que afecta no solo a familias humildes sino también, y muy especialmente, a los jóvenes y a las clases medias".
En el comunicado también se han referido a la ocupación, que cifran en 78.800 viviendas en el conjunto de España, y al fenómeno de la inquiocupación, que aseguran que "ha crecido de manera alarmante en los últimos meses".
Las políticas en materia de vivienda puestas en marcha por el Ejecutivo, consideran desde el PP, "han conseguido estrangular el mercado", haciendo que los ciudadanos "se enfrenten a un enorme reto social de acceso a una vivienda a precio asequible, tanto en compraventa como en alquiler".
