El viernes se reunió en Santander la XXVII Conferencia de Presidentes después de casi tres años de burla. Desde 2022 que no se reunía el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas. En el nuevo reglamento que se aprobó en la última reunión celebrada en la isla de La Palma en el artículo 4 se estipula que la Conferencia, a fin de reforzar su continuidad, se reunirá al menos dos veces al año, dotándose de un Comité preparatorio y de una Oficina técnica y administrativa.
La iniciativa de la convocatoria corresponde principalmente al presidente del Gobierno. Sin embargo, han sido necesarios dos años y nueve meses, así como la queja de muchos presidentes autonómicos, para que volviera a reunirse, lo cual evidencia la hipocresía de Pedro Sánchez cuando canta las excelencias del modelo autonómico y su compromiso con la cooperación entre las administraciones.
La Conferencia de Presidentes nació en 2004 para institucionalizar un espacio de encuentro, pero no volvió a resucitarse hasta la pandemia, cuando solo en 2020 se realizaron 14 reuniones extraordinarias. Desde 2021 solo se han hecho cuatro. Resulta paradójico que, en la apoteosis del discurso sobre la España plural, donde constantemente se elogia el carácter descentralizado del Estado y se promete seguir avanzando en el traspaso de más competencias, se haya desatendido tanto la relación intergubernamental.
El problema, como ya se ha insistido otras veces, es que a nuestro modelo autonómico le falta un desarrollo federal para garantizar tanto la eficiencia de la gestión como la igualdad entre ciudadanos. Eso haría posible cerrar el mapa competencial, lo que pondría fin al troceamiento del Estado a cambio del voto de los partidos soberanistas, y evitaría las actuales derivas confederales de las izquierdas.
Era imposible que de Santander saliera ningún acuerdo, aunque el solo hecho de que el foro multilateral se realizase ya valió la pena. Sánchez quería que solo se hablase de vivienda, que sin duda es ahora mismo el principal problema de los ciudadanos, pero los presidentes del PP obligaron a que se abordase también la financiación autonómica. Muy lógico, pues el acuerdo firmado entre PSC y ERC, en su literalidad, supone un cupo que mermaría muchísimo la solidaridad territorial.
Este va a ser el gran caballo de batalla del próximo año, y el Gobierno va a tener muy difícil absorber y soplar al mismo tiempo. Por eso, a fin de contentar a todos, quiere empezar con la quita de la deuda autonómica. Aunque eso beneficiaría a las comunidades que peor han gestionado (Comunitat Valenciana, Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha). Es un dulce que al final a nadie amarga.
