La Airef estima que las sentencias contrarias a los intereses del Gobierno le suponen un coste aproximado de unos 1.000 millones de euros al año, una cifra equivalente al 0,06% del tamaño de la economía. El riesgo que suponen los reveses judiciales para el Gobierno se ha incrementado en los últimos años tras la proliferación de sentencias desfavorables como las relativas al IRPF de los mutualistas o el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Esta es una de las principales conclusiones de un extenso informe elaborado por la autoridad fiscal, el organismo independiente encargado de vigilar las finanzas del Estado, sobre los riesgos fiscales que afronta España. El cálculo parte de la base de la contabilización de los litigios desfavorables entre 2014 y 2023, que le han supuesto a la administración central un desembolso cercano a los 11.000 millones de euros.
En la actualidad, el Estado afronta un impacto potencial cercano a los 12.000 millones de euros, que deberán afrontarse en los próximos ejercicios fiscales. Esta es la estimación de costes que hace el Ministerio de Hacienda y de la que se hace eco la Airef en su estudio publicado este jueves.
Esos 12.000 millones son la factura judicial que el Gobierno tendrá que afrontar en los próximos años, aunque es difícil estimar exactamente en qué ejercicios. Aunque las sentencias tengan fechas concretas, a menudo el gasto se imputa a diferentes ejercicios, se fracciona y se ejecuta en diferentes años. De igual modo, esta cifra de 12.000 millones es una aproximación, la cuantía final puede variar al alza o a la baja.
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