El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el espionaje a altos cargos del Gobierno mediante el software Pegasus, José Luis Calama, ha reactivado las pesquisas acordando dos nuevas diligencias. Por un lado, el instructor ha solicitado a Francia nueva información sobre la empresa desarrolladora de Pegasus, la israelí NSO Group. Además, ha emitido una nueva comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Israel para reclamar, de nuevo, colaboración de cara a obtener datos de la compañía indicada.
La primera solicitud está destinada al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París, a cargo de una investigación homóloga a la que dirige el juez español. Concretamente, Calama pide a la autoridad judicial "un intercambio más amplio de información y así conocer el contenido que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el control interno de dicho software". Reclama también "un detalle más amplio sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI)". Ambas reclamaciones se recogen en los informes del CNI, que el juez traslada ahora a la justicia de Francia.
Respecto a las autoridades judiciales israelís, el instructor de la Audiencia Nacional ha reiterado la necesidad de contar con la información que el propio juez ha solicitado sin éxito a la compañía propietaria del software. Además, pide colaboración a las autoridades de Israel para celebrar la declaración testifical del CEO de la compañía, "con el fin de poder identificar a los autores de los hechos".
Hechos que tuvieron lugar entre 2021, cuando se espiaron los teléfonos móviles de Pedros Sánchez y de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Tras descubrirse que los dispositivos habían sido hackeados, el instructor investigó el espionaje durante un año, después archivó la causa ante la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel y finalmente reabrió el caso en abril del año pasado, cuando recibió algunos datos de las autoridades judiciales francesas.
José Luis Calama envió la primera comisión rogatoria a Israel en mayo de 2022, y mandó una ampliación de la misma un mes después solicitando la testifical del CEO de NSO Group. Ante la falta de respuesta, el juez trasladó un nuevo escrito en septiembre de aquel año. "A día de la fecha no se ha recibido acuse de recibo ni contestación alguna a las expresadas comisiones rogatorias", concluye ahora el instructor en un escrito de seis folios.
Ya en 2024, cuando la causa había llegado a un punto muerto y el juez la había archivado, llegó a la Audiencia Nacional un documento de las autoridades francesas que el juez remitió al CNI. Los informes del Centro Criptológico Nacional "ponen de manifiesto que el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia no aporta ninguna novedad" a la causa. Es más, el servicio de inteligencia español pone de manifiesto que el uso de Pegasus "hace prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque por medios técnicos". Pese a todo, el juez intentará continuar con sus pesquisas pidiendo colaboración a Francia e Israel.
