El PSOE y Junts han alcanzado finalmente un acuerdo por el que el Gobierno cederá a la Generalitat de Cataluña la gestión de las competencias de inmigración. Un pacto que incluye, entre otras cosas, que los Mossos d'Esquadra pasen ahora a controlar junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de los puertos y los aeropuertos, así como que la Generalitat gestione los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que ésta pueda expulsar a inmigrantes cuando tengan prohibición de entrada.
Se trata de un acuerdo alcanzado así tras más de un año de negociación y que tendrá que pasar ahora por el Congreso de los Diputados en forma de ley orgánica. En este largo periodo de negociación, en el que las conversaciones habían llegado incluso a un "callejón sin salida" como ha expresado este martes el líder de JxCat, Carles Puigdemont, socialistas e independentistas han tenido muy presente el modelo alemán de Baviera, un modelo de gestión compartida bajo el que el Gobierno alemán presidido por Angela Merkel realizó en 2018 una concesión a su ministro del Interior, el bávaro Horst Seehofer, para crear una Policía fronteriza en la región de Baviera, ubicada en el sur del país y con un fuerte movimiento regionalista.
Bajo este acuerdo, esta Policía pasó a patrullar las fronteras con Austria, República Checa y Suiza en colaboración con la Policía federal alemana, el cuerpo que ostenta en último término la jurisdicción exclusiva sobre las fronteras del país. Sin embargo, lo cierto es que los inicios de este pacto alemán se remontan a las pretensiones de que los efectivos bávaros tuvieran el control absoluto de esta cuestión.
De hecho, esta cuestión llegó a promulgarse en un principio bajo la conocida como ley Söder', impulsada por la Unión Socialcristiana bávara (CSU) con la que se buscó que este cuerpo policial tuviera acceso a la inspección y a la autorización de entrada y salida de personas y mercancías, así como a la expulsión y deportación de inmigrantes en situación irregular, mismos aspectos que pasarían ahora también a ejercer los Mossos d'Esquadra bajo el acuerdo PSOE-Junts.
Sin embargo, a los dos años de su aprobación, la norma fue desautorizada por el Tribunal Constitucional alemán debido a una demanda presentada por Los Verdes. Con esta nueva sentencia, el Tribunal declaró inconstitucional lo relativo a los controles efectivos en la propia frontera y a la gestión de expulsiones para los efectivos bávaros. Así, terminó optando finalmente por un modelo de gestión de custodia compartida y coordinación entre ambos cuerpos, la policía regional y la policía federal, esta última siendo controlada por el propio Gobierno alemán desde Berlín.
Críticas al modelo alemán
Este modelo es el que sigue ahora en funcionamiento en la región y desde su puesta en marcha distintas asociaciones han cuestionado la legalidad de estas acciones, instando de hecho a que la Comisión Europea comprobara si la región de Baviera estaría cumpliendo con la legislación europea que mantiene que los controles en las fronteras se produzcan "solo en circunstancias muy determinadas".
Ante este escenario, cabe destacar que Alemania se sitúa dentro del espacio Schengen, que en realidad está libre de controles fronterizos e incluye a la mayoría de los países de la UE, por lo que los controles que se realicen deben ser notificados a la Comisión Europea. Alemania ha estado informado de estos controles durante estos años y el Ministerio del Interior alemán extendió, de hecho, estos controles el pasado 16 de septiembre hasta al menos durante los próximos seis meses.
El Gobierno federal justificó su ampliación por la "preocupante" situación migratoria y el "tráfico de personas" en las fronteras externas de la UE. El canciller alemán, Olaf Scholz, expresó además su intención de mantener los controles "el mayor tiempo posible". Además, lo cierto es que los controles fronterizos no solo se producen en la región de Baviera, sino que desde septiembre de 2015 se aplican controles en otras fronteras por parte de la policía federal. Asimismo, desde octubre de 2023 se aplican controles fijos en las fronteras con Polonia, la República Checa y Suiza.
De igual manera, se han establecido nuevos controles desde 2024 en las fronteras con Francia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, aunque los controles con Francia ya estaban en vigor por la celebración de los últimos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en París.
