El asesinato este domingo de la educadora social de 35 años, Belén Cortés Flor, mientras trabajaba en un piso en cumplimiento de medidas judiciales, ha conmocionado al país, además de por la gravedad de los hechos, por la corta edad de los menores implicados, de entre 14 y 17 años.
En los últimos años, el número de menores de 18 años que son tutelados en España ha aumentado un 18%, pasando de los 42.628 que había en 2015, a los 50.272 de 2019, según cifras de Aldeas Infantiles. Además, según se desprende del Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, el acogimiento residencial sigue siendo la medida de protección predominante (55%), frente al familiar (45%).
Esto demuestra que la figura del acogimiento familiar, que la ley marca que debe ser la prioritaria, continúa sin ser la principal opción, y las organizaciones de acogida de menores denuncian que las niñas, niños y adolescentes pasan demasiado tiempo institucionalizados, siendo las consecuencias de ello nefastas para su desarrollo, no solo por la falta de un entorno familiar sino por la falta de figuras de referencia. En 2020, el 73% de los menores que ingresaron en el sistema de protección fueron derivados directamente a un centro, mientras que solo el 27% disfrutó del acogimiento familiar.
Cabe destacar que los pisos tutelados son un tipo de viviendas destinadas a alojar a diferentes tipos de personas con diversas necesidades y bajo programas que persiguen objetivos muy dispares: desde niños y niñas que no tienen un alojamiento familiar, hasta personas adultas con discapacidad física o intelectual, o adolescentes y menores infractores en régimen de reforma. Analizamos en esta ocasión, qué son, cómo funcionan y quiénes son los residentes de estos pisos tutelados de menores.
¿Qué son los pisos tutelados?: Atención 24 horas
Lejos de ser un hogar familiar, las viviendas tuteladas son una alternativa a los centros residenciales para jóvenes de diferentes edades, generalmente entre los 16 y los 21 años, que pretenden parecerse a una estructura familiar normal, con el apoyo de educadores sociales, psicólogos y otros profesionales y que persiguen la inserción y el acompañamiento de sus residentes a la vida adulta.
Sin embargo, estos alojamientos están destinados también a adultos, ancianos o personas con alguna discapacidad física o intelectual que tienen cierto nivel de autonomía y que carecen de una vivienda en condiciones adecuadas, o necesitan de la ayuda de especialistas para ser completamente independientes.
La diferencia principal entre un piso tutelado y un piso supervisado es el tipo de servicio que reciben los residentes: en un piso tutelado el apoyo presencial se presta las 24 horas al día, los 365 días del año mientras que en un piso supervisado el apoyo profesional es de un número determinado de horas.
Menores protegidos y menores en reforma: así es la vida en un piso tutelado
La legislación sobre las viviendas tuteladas y los requisitos para su concesión dependen de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En el caso de Extemadura, lugar en el que se produjo el asesinato de la educadora social, existe un sistema de protección y otro de reforma de menores: "mientras el primero va destinado a niños y jóvenes que no pueden ser cuidados por sus familias y la Junta asume por ello su tutela, el segundo se centran en los menores de 18 años que han cometido algún delito o cuyas conductas disruptivas deben ser corregidas a juicio de los jueces", explica el periódico Hoy Extremadura.
Esta última, la red de reforma de menores en la comunidad, la integran el centro Marcelo Nessi, en Badajoz, y los distintos pisos tutelados repartidos por diferentes localidades extremeñas. Sin embargo, estos pisos no están gestionados directamente por la Junta de Extremadura, sino que la administración regional ha venido licitando su gestión y son entidades del ámbito social, generalmente, las que se ocupan de ellos. De hecho, en el caso de la vivienda en la que ha ocurrido el trágico suceso, es Cerujovi la entidad responsable de su funcionamiento.
En estas viviendas, los menores no están en un régimen de internamiento: pueden entrar y salir y llevar una vida normal hasta que cumplan los objetivos que les han sido impuestos, que pasan, en algunos casos por sacarse el título de ESO o el carné de conducir, "porque prima la imposición de medidas educativas o trabajos en beneficio de la comunidad", explica el diario regional.
Por su parte, la red de protección de menores que no pueden, por diversos motivos, residir con sus familias (sin tener causas judiciales) está integrada, en Extremadura, por siete centros residenciales repartidos por las dos provincias.
En la Comunidad de Madrid, el órgano encargado de gestionar las medidas de protección de los menores es la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.
¿Quién gestiona los pisos tutelados?
Como apuntábamos, estas viviendas dependen de las comunidades autónomas, que, en la mayoría de los casos, delegan su gestión en un amplio conjunto de entidades en formato de oenegés, asociaciones, fundaciones, congregaciones religiosas y empresas. Algunas son proyectos de ámbito local, pero otras son organizaciones de tamaño medio presentes en diferentes Comunidades Autónomas y, en algunos casos, organizaciones internacionales, como Cruz Roja o Aldeas Infantiles SOS.
De este modo, se puede distinguir entre centros de protección cuyo titular es una administración pública que además gestiona ese recurso directamente; centros que tienen como titular a una entidad privada que lo gestiona mediante un convenio; y centros de titularidad pública que ceden el edificio para su gestión a una entidad privada. Según el balance del Observatorio de la Infancia, el 80% de centros están gestionados por entidades colaboradoras.
"Hay tres tipos de entidades gestoras. Unas son de origen religioso, con su enfoque más asistencial, evangelizador en un sentido de redención, y apoyado en mucho voluntariado. Otras que, habiendo partido de una entidad religiosa, evolucionan, entienden que los menores tienen que estar en manos de profesionales cualificados y ellos mismos se forman en la universidad o contratan personal externo, conservan su punto de origen altruista, aunque arrastran cierto asistencialismo, pero se adaptan a las reglas del juego tanto de la calidad de atención como de la relación con la administración. También en este grupo están las entidades laicas, ajenas a la Iglesia católica, pero que comparten estos criterios. Y por último aparecen las empresas contratistas. Tienen una visión de mercado y dentro del mercado hay ya un mercado social, porque ha llegado la inversión pública en infancia", explica a eldiario.es Miguel Ángel Segura, presidente de la APIME, Asociación Profesional de Instituciones de Menores.
