La cesión de competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña, que el Gobierno está negociando con Junts para seguir reconstruyendo los puentes con los independentistas, está aún rodeada de incógnitas. Pero, sin conocer cuál será su alcance definitivo, la Comisión Europea se muestra vigilante ante la posibilidad de que el traspaso afecte a asuntos como el derecho de asilo o el control de las fronteras, competencias que actualmente están en manos de los Estados miembros, con quienes la UE trabaja en una materia tan delicada como la migratoria.
Las negociaciones entre la Moncloa y Junts han recibido un nuevo impulso esta semana después de que el pasado martes, por sorpresa, el Gobierno y los independentistas alcanzaran un acuerdo para aprobar —sin recortes— todas las medidas sociales del decreto ómnibus que Junts derribó la semana pasada, entre ellas las ayudas al transporte, el endurecimiento de las condiciones para ejecutar desahucios o la subida de las pensiones. Ese pacto ha servido para empezar a destensar las complicadas relaciones entre los de Carles Puigdemont y el Ejecutivo, que ahora se muestra más optimista sobre la posibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
No obstante, antes de sentarse a negociar las cuentas, Junts quiere que la Moncloa cumpla con lo que le prometió hace poco más de un año para sacar adelante otra votación: el traspaso de las competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña. Los de Puigdemont, además, hacen hincapié en que esta cesión debe ser "integral", aunque ni unos ni otros concretan cuáles son los asuntos que están sobre la mesa. Este jueves, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se limitó a asegurar que las conversaciones están "bastante avanzadas", aunque también admitió que Junts y la Moncloa no terminan "de encontrar ese punto de equilibrio" entre sus posiciones.
Preguntado por si uno los obstáculos más importantes es que los Mossos d'Esquadra se hagan cargo del control de las fronteras, Bolaños evitó responder haciendo gala de la discreción necesaria para que la negociación llegue a buen puerto. Pero ese, por ejemplo, es uno de los asuntos potencialmente dudosos para Bruselas, según fuentes de la Comisión Europea. La única frontera interior de Cataluña que no forma parte del espacio Schengen es la que tiene con Andorra, pero también es una incógnita quién vigilaría las líneas fronterizas del aeropuerto de El Prat o el puerto de Barcelona, por ejemplo.
Hace tan solo unos días el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en que son una línea roja para alcanzar un acuerdo que el Estado mantenga el control de las fronteras, la regulación de los flujos migratorios o la capacidad de expulsar a extranjeros, materias que ahora mismo gestionan en exclusiva las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero Junts insiste en que quiere que el acuerdo contemple tanto el control de fronteras, lo cual daría a los Mossos un papel fundamental dentro de infraestructuras críticas para el Estado, como la capacidad de decidir "sanciones".
En lo que la UE no se mete, explican fuentes comunitarias, es en lo que tenga que ver con la gestión de los extranjeros en territorio nacional: desde la normativa para su entrada hasta la que regula la concesión de la residencia o la nacionalidad. Pero sí puede ser problemático de cara a la normativa europea, explican estas fuentes, traspasar a la Generalitat de Cataluña competencias relativas a la concesión de asilo, puesto que para este asunto sí rige un marco europeo de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la UE.
Sumar también alberga dudas
Por parte del Gobierno, quienes están negociando este asunto con Junts son fundamentalmente los ministerios de Presidencia, Interior e Inclusión, los tres dirigidos por ministros del PSOE. Pero en el ala minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, también hay dudas ante el alcance de la eventual delegación de las competencias de inmigración, como ocurre en otros partidos progresistas aliados de Sánchez. "Nuestra posición es clara, vivimos en un estado descentralizado y es bueno que las comunidades asuman competencias que puedan mejorar la gestión", pero siempre tiene que garantizarse el cumplimiento de los "derechos constitucionales", señaló el jueves el líder de IU en el Congreso y portavoz adjunto de Sumar en esa cámara, Enrique Santiago.
A la hora de ceder las competencias sobre migración, abundó Santiago, "tiene que haber unos criterios homogéneos de garantía de los derechos humanos y fundamentales". Y esos criterios, insistió el portavoz adjunto de Sumar, deben ser aplicables a "todas las personas, nacionales y no nacionales: esa es la línea roja". Fuentes de Sumar explican que, a efectos prácticos, la coalición no tiene problemas con que la Generalitat se ocupe de la gestión de los trámites burocráticos de los inmigrantes, por ejemplo, pero sí rechazan de plano que asuntos como, por ejemplo, que el Gobierno pierda la capacidad de decidir quién recibe asilo en España y quién no.
