El Ministerio de Agricultura trabaja en hacer llegar lo antes posible las ayudas al campo previstas para compensar los estragos causados por la DANA. El departamento de Luis Planas calcula que los 200 millones de euros previstos para amortiguar la pérdida de cultivos se repartirán en un plazo de tres meses y medio, sin necesidad de que los agricultores y ganaderos afectados tengan que solicitar las ayudas previamente. Así lo ha explicado este miércoles el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA y ha afirmado que ya hay 140 peritos desplegados en la zona afectada para evaluar los daños.
Una de las medidas más cuantiosas dentro del paquete de 444,5 millones de euros de apoyo al campo aprobado el lunes por el Gobierno son los 200 millones en ayudas directas para los agricultores y ganaderos que hayan sufrido pérdidas de producción superiores al 40%. Según las previsiones del ministerio, estas subvenciones serán abonadas en un plazo de entre tres meses y tres meses y medio sin necesidad de tener que pedirlas previamente, por lo que estarían pagadas íntegramente en marzo. "El agricultor afectado no tiene que preocuparse de enviar ninguna solicitud ni de hacer nada, no vamos a pedir ningún papel, sino que de oficio abonaremos la ayuda", ha recalcado Abati.
Estas ayudas directas están pensadas para agricultores y ganaderos que hayan perdido al menos el 40% de su producción. Agroseguro se encargará de certificar los daños y se abonará a los afectados -tengan o no su finca asegurada- una subvención por valor del 30% de la media de ingresos percibidos en los últimos tres años hasta un máximo de 25.000 euros.
Para cuantificar los daños y agilizar el pago, según ha señalado Abati, ya hay cerca de 140 peritos de Agroseguro trabajando en la zona, después de que este martes se reforzara el despliegue inicial de 40 profesionales con la llegada de efectivos desde fuera de Valencia. Analizan una superficie de 70.000 hectáreas que engloba explotaciones de 49.000 productores. "No quiere decir que los 49.000 agricultores hayan sufrido daños. Es el universo sobre el que estamos trabajando para evaluar los daños", ha aclarado el subsecretario, que ha recalcado que todavía es "muy pronto" para cuantificar los daños. "Hay explotaciones absolutamente destruidas, porque por ellas ha pasado el agua junto a explotaciones que se han mantenido prácticamente sin ningún tipo de daño", ha expresado.
Según ha explicado Abati, a medida que los peritos recorran las zonas afectadas para evaluar los daños, se pondrán en contacto con los dueños de las explotaciones agrarias para verificar sus observaciones. Debido a las dificultades para acceder a algunas fincas por el deterioro de puentes y caminos, hay también drones y equipos aéreos trabajando en el peritaje.
En ese sentido, las medidas de apoyo diseñadas por el Gobierno incluyen precisamente 170 millones de euros para la reparación de los daños en las parcelas, los caminos y las estructuras de producción. El Ministerio de Agricultura ha encargado a la empresa pública Tragsa la limpieza y desescombro de las zonas afectadas, la reposición de tierra de cultivo en las fincas dañadas y la reconstrucción de acequias y demás infraestructuras de riego, así como el suministro eléctrico. El departamento de Luis Planas calcula que estos trabajos empezarán en diciembre y se pedirá autorización a los titulares de las explotaciones para entrar en ellas.
Todavía no hay fecha para el reparto de los 10 millones de euros previstos para reponer la maquinaria dañada. El Ministerio de Agricultura calcula que en las zonas afectadas existían unos 20.000 tractores, cosechadores y demás vehículos y máquinas agrarias, aunque no todas se han visto perjudicadas por las inundaciones. El subsecretario ha señalado que las condiciones para acceder a esta ayudas se concretarán "en las próximas semanas" a través de una orden ministerial.
En el caso de la línea de 60 millones de euros de créditos y avales ICO-MAPA-SAECA para explotaciones agrarias, el ministerio estima que la convocatoria para acceder a esta financiación se abrirá en enero. Abati ha destacado la importancia de ofrecer al sector primario una línea de este tipo con intereses bajos para ayudar a recuperar la actividad productiva tras la catástrofe.
El subsecretario ha destacado la necesidad de respaldar al sector primario en unas zonas tradicionalmente productoras como son afectadas por las inundaciones, que se han concentrado en las comarcas valencianas de L'Horta Sud, La Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, La Ribera Baja y parte del Camp del Turia y Los Serranos. Según ha explicado, los objetivos son apoyar la vuelta a la normalidad económica y social, evitar el abandono de las explotaciones agrarias y asegurar la distribución de alimentos ante el deterioro de los canales logísticos. En este sentido, el Gobierno ha desplegado 4,5 millones de euros para garantizar, a través de la empresa pública Mercasa, el abastecimiento alimentario a la ciudadanía en los municipios afectados, facilitando la distribución de alimentos -algunos de ellos donados- y reforzando el suministro tanto a mayoristas como a los comercios minoristas afectados.
