Una vez superada, no sin magulladuras, la batalla para aprobar su reforma fiscal en el Congreso, el Gobierno ya vislumbra en su horizonte más cercano la negociación que puede determinar el futuro de la legislatura: la de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. El Ejecutivo lleva manteniendo contactos preliminares con los socios de izquierdas y de derechas desde hace semanas, pero haber conseguido sacar adelante el pasado jueves su paquete impositivo ha hecho dispararse el optimismo en una coalición necesitada de buenas noticias.
No obstante, el camino no va a ser fácil: en paralelo a las cuentas, los socios tendrán que negociar la concreción del recién acordado impuesto a las empresas energéticas, lo cual amenaza con volver a tensar las costuras de la mayoría de la investidura. Pero el jueves, una vez el Gobierno pudo respirar tranquilo después de sacar adelante su texto al conseguir in extremis un acuerdo con Podemos, todo eran sonrisas y entusiasmo ante unas cuentas que podrán diseñarse contando con la importante inyección económica que supondrán para las cuentas del Estado las modificaciones fiscales.
"Los Presupuestos están mucho más cerca, haber conseguido la reforma fiscal nos da una perspectiva [de éxito] muy importante", celebraba la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el viernes. En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmaba en nombre de Sumar que haber conseguido sacar adelante el paquete de medidas impositivas demuestra la "capacidad de negociación y acuerdo" del Gobierno "pese a la atomización del Congreso". "Hemos aprendido mucho" del "diálogo cruzado" con los socios, planteaba en ese mismo sentido Montero.
Fuentes de algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo también coinciden en que la negociación de los Presupuestos va a ser más sencilla que las agónicas conversaciones para la reforma fiscal, que a punto estuvieron de dar al traste con una de las leyes clave de la legislatura. Pero eso no significa que vayan a ser fáciles, puesto que, en paralelo, el Gobierno y los socios deberán intentar pactar el diseño final del impuesto a las empresas energéticas, unas conversaciones que, previsiblemente, volverán a enfrentar a los aliados de izquierdas y de derechas. "Pero estando los Presupuestos de por medio, el Gobierno puede ofrecer a Junts otras cosas" para que transija con un gravamen relativamente ambicioso, cree un dirigente de uno de los partidos progresistas que apoya al Ejecutivo.
De hecho, ya antes de que se votara el pasado jueves la reforma fiscal en el Congreso, en algunos sectores del Ejecutivo imperaba la sensación de que ese paquete fiscal iba a ser determinante para el futuro de los Presupuestos. "Si los socios consideran que es necesario sacar adelante todas estas medidas fiscales, es mucho más sencillo que el Gobierno tenga ese mismo bloque de apoyos para los Presupuestos, pero si no sale, tienes dos problemas: uno político y uno financiero" y las cuentas quedarían en una posición "muy complicada", explicaban hace una semana fuentes del ala gubernamental de Sumar.
Primero, la senda de estabilidad
En cualquier caso, antes de sumergirse de lleno en la negociación de las cuentas como tal —incluso los contactos preliminares llevan un par de semanas parados porque el Gobierno está centrado en gestionar el desastre de la DANA, explica una fuente—, el Ejecutivo tiene que solventar una cuestión previa: la aprobación del techo de gasto. Desde que, hace dos meses, la Moncloa decidiera retirar en el último momento su propuesta del Congreso ante la certeza de que Junts iba a derribarla, el Ministerio de Hacienda está negociando con los independentistas catalanes, que quieren apuntarse el tanto de conseguir más capacidad de endeudamiento para las comunidades autónomas.
Aún no hay fecha para que esa senda de estabilidad vuelva a la Cámara Baja, pero cuando lo haga, previsiblemente antes de fin de año, el Gobierno espera que sea con acuerdo con Junts para tener un mayor margen de inversión en los Presupuestos. Y, de conseguir una mayoría para sacar adelante esa senda, las cuentas quedarían definitivamente encarriladas, puesto que los independentistas catalanes mostrarían su voluntad de sacarlas adelante, lo cual daría estabilidad al Ejecutivo para intentar agotar la legislatura.
