El Gobierno ya tiene ultimada la reforma fiscal con la que pretende elevar la recaudación unos 4.500 millones de euros anuales. Los dos partidos que conforman la coalición presentaron el lunes un texto en el que acuerdan una serie de medidas impositivas que apuntan a la banca (pero no a las grandes energéticas), el lujo, los grandes patrimonios y empresas, los pisos turísticos, la sanidad privada o el tabaco.
El redactado del acuerdo, al que ha tenido acceso este periódico, establece un total de once medidas fiscales que incluyen desde subidas de impuestos y creación de otros nuevos hasta compromisos genéricos para artistas y cooperativas. Todas ellas, añadidas a la vuelta a la normalidad del IVA de los alimentos y la luz en 2025, serían suficientes para cumplir con la reforma pactada con la UE de la que dependen 7.200 millones de dinero europeo. O al menos así lo estima el Ejecutivo.
No obstante, huelga decir que para que todo esto sea una realidad es necesario que el acuerdo pase el filtro del Congreso. Algo que, en estos momentos, no está ni mucho menos garantizado. El Ejecutivo tendrá que poner de acuerdo una vez más a todos sus socios parlamentarios, con intereses enfrentados, para que la reforma fiscal salga adelante.
El foco de la propuesta está puesto en los contribuyentes más acaudalados y en la fiscalidad de las grandes empresas. En este apartado, el Gobierno ha optado por consolidar el impuesto especial a la banca (en vigor desde 2023), pero ha renunciado al de las grandes energéticas que decaerá pese al interés que tenía Sumar en mantenerlo. Ambas figuras aportaron a la hacienda pública 2.859 millones en 2024.
Sin embargo, el gravamen a las grandes entidades de crédito incluirá cambios notables que lo harán más suave. En primer lugar, pasará a tener la categoría normativa de impuesto, lo que permitirá que las haciendas vasca y navarra lo concierten y lo bonifiquen al 100% si así lo desean. Además, se gravará los márgenes de beneficio y no la facturación como ocurría ahora. De igual modo, se introduce una escala de tipos impositivos que oscilará entre el 1 y el 6% en función de las ganancias por intereses y las comisiones. Asimismo, el impuesto se aplicará también a los bancos extranjeros y las entidades podrán deducirse una parte del mismo si su rentabilidad baja de un cierto umbral.
En lo que respecta a los grandes contribuyentes, el Gobierno elevará el tipo impositivo de las rentas del capital (las ganancias que se obtienen por inversiones, dividendos, alquileres...) en el tramo más elevado. En concreto, el tipo aplicado a las rentas a partir de 300.000 euros pasará del 28% actual al 30%.
A propuesta de Sumar, se creará también una suerte de impuesto al lujo. Con él se busca que los propietarios de bienes como aviones privados, yates o coches de alta gama (como el Lamborghini, símbolo de la propuesta fiscal de Pedro Sánchez) paguen más impuestos y compensen el impacto medioambiental que causa su uso. En principio, el tributo debería entrar en vigor el año que viene, pero apenas han trascendido detalles sobre el mismo.
Pisos turísticos, tabaco y sanidad privada
El paquete fiscal que ha diseñado el Gobierno dedica dos medidas a la vivienda. La que tiene más calado es la intención de introducir un IVA del 21% a los apartamentos turísticos. El Ejecutivo pretende recortar su rentabilidad, para disuadir las inversiones y que estas viviendas vayan a parar al mercado del alquiler ordinario, enormemente tensionado.
Además, en el plano inmobiliario, el Ejecutivo promete suprimir el régimen fiscal especial de las Socimis. Las Socimis son un tipo de sociedad pensada para gestionar activos inmobiliarios siempre y cuando su objetivo sea ponerlos en alquiler y obtener beneficios. El Ejecutivo sostiene que su existencia no ha mejorado la oferta de vivienda en alquiler.
Otra de las medidas de mayor alcance adoptadas es empezar a gravar los seguros médicos privados. Esta modalidad estaba hasta ahora exenta de pagar el impuesto sobre las primas de seguros, que impone un tipo del 8% sobre la prima que pagan los asegurados por su póliza. En la coalición entienden que este beneficio fiscal se dirige principalmente contribuyentes de renta alta y por eso debe suprimirse. Según datos de la patronal sectorial Unespa, en España hay 12,4 millones de personas con una póliza de este tipo. Si la medida prosperase, es de esperar que se produzca una subida de precios generalizada.
En el ámbito sanitario, el Gobierno ha decidido endurecer la fiscalidad del tabaco. Para ello, ha puesto el foco especialmente en las nuevas formas de consumo. En concreto, el acuerdo fiscal plantea crear un nuevo impuesto para gravar el uso de cigarrillos electrónicos como los vapeadores, cuyo uso está muy extendido en los últimos años.
Más esfuerzo para las grandes empresas
En el ámbito societario, el paquete fiscal del Gobierno pone el foco en las grandes empresas y grupos empresariales. La medida estrella es la fijación de un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para este colectivo. Esta iniciativa ha sido pactada por más de un centenar de países impulsados por la OCDE y con ella se aspira a evitar la fuga de capitales hacia jurisdicciones con impuestos muy bajos. El impacto de esta medida es difícil de prever porque depende por completo de las resoluciones que adopten el resto de países.
Finalmente, el Gobierno plantea tocar el impuesto de sociedades para endurecer los beneficios fiscales que disfrutan las grandes empresas y grupos. En este aspecto, aunque no se dan más detalles, el Ejecutivo quiere limitar las deducciones por pérdidas de ejercicios anteriores o por dividendos repatriados de las filiales en el extranjero de los grupos.
