La Audiencia de Madrid deja en manos del juez Peinado decidir si amplía los delitos contra Begoña Gómez por el software

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado vía libre al juez Juan Carlos Peinado para que decida si admite una querella de Vox en la que se acusa a Begoña Gómez de cometer "tráfico de influencias" en relación al software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La querella fue a parar al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid en septiembre, pero este la desestimó. Vox recurrió la decisión y este 11 de diciembre la Audiencia estimó su recurso.

En un auto de cinco folios, los jueces Eduardo Víctor Bermúdez, Esperanza Rebollo y Juan José Escalonilla acuerdan remitir las diligencias al Juzgado número 41, que dirige Peinado, "para que dicho órgano decida respecto de la admisión de la querella". La Audiencia ya apreció "conexidad" entre los hechos relacionados con el software y el resto de la causa cuando deliberó sobre una querella presentada por la asociación Hazte Oír.

Entonces dejó la decisión en manos del juez Peinado y este optó por admitir la querella e investigar a Gómez por apropiación indebida e intrusismo profesional, todo ello en relación al software de su máster en Transformación Social Competitiva (TSC). Ahora, el instructor deberá decidir si los hechos relacionados con esta parte de la investigación también son susceptibles de constituir un delito de "tráfico de influencias", tal y como sostiene la querella de Vox.

La formación de Santiago Abascal señalaba que el software financiado por Telefónica, Indra, Google y la propia UCM, había sido utilizado por la esposa de Pedro Sánchez "para sus fines personales, a través de la empresa Transforma TSC". El partido destacaba que, cuando la aplicación ya se había desarrollado, "la querellada habría presentado una solicitud formal ante la Oficina de Patentes, dependiente del Ministerio de Industria, para registrar dicho software con el mismo nombre que su sociedad, lo cual se formalizó en abril de 2023".

Vox considera en su denuncia que la operación de la esposa de Sánchez supuso un delito de tráfico de influencias, pero el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid consideró que no había indicios de que Gómez ejerciera ninguna "influencia" sobre el funcionariado de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha anulado el auto en que el juzgado hizo esta consideración: será el juez Juan Carlos Peinado quien deba decidir ahora si imputa nuevos delitos a la esposa de Sánchez, que de todas formas ya está siendo investigada por tráfico de influencias en relación a otros asuntos.

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