La Audiencia Nacional ha señalado para marzo de 2026, siete años después de abrirse el procedimiento, el juicio al excomisario José Manuel Villarejo y a dos periodistas por el caso Dina, sobre el robo del móvil de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias en 2015, y el supuesto uso en perjuicio de Podemos de la información que guardaba.
Entre el 16 y el 19 de marzo de 2026, la sección cuarta de lo Penal juzgará esta pieza separada del caso Tándem o caso Villarejo, que se abrió el 19 de marzo de 2019 tras recibir el juez un informe de Asuntos Internos sobre unos archivos hallados en el domicilio del excomisario.
Según fuentes jurídicas, las diferentes secciones ya tienen programados juicios durante todo el año 2025 y en este caso, al no haber presos preventivos en la causa, no existe la prioridad de otros procedimientos para adelantar la celebración de la vista.
En este caso se sentarán en el banquillo el excomisario Villarejo y dos periodistas de la extinta revista Interviú, Alberto Pozas y Luis Renduelas, acusados de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que se enfrentan a peticiones de prisión.
5 años de cárcel para Villarejo y 3 para los periodistas
La Fiscalía pide 5 años de cárcel para Villarejo y 3 para los periodistas; mientras que el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la propia Bousselham, que ejercen de acusación particular, solicitan 4 años para el primero y entre 3 y 4 para los informadores.
El caso Dina gira en torno a la información que apareció en 2017 en un registro policial al excomisario Villarejo, guardada en las carpetas DINA 2 y DINA 3, que almacenaban archivos de la tarjeta de memoria que había sido robada a la exasesora de Pablo Iglesias dos años antes.
Además de a Villarejo, el juez del caso, Manuel García-Castellón, procesó a los dos periodistas al considerar que fueron quienes le entregaron parte de la información que contenía esa tarjeta, de carácter reservado y que había llegado a sus manos en enero de 2016.
Los periodistas apelan a la inocencia
Los periodistas siempre han apelado a su inocencia y han justificado que entregaron aquella información porque se trataba de un requerimiento policial.
La Fiscalía cree a su vez que ambos, entre enero y abril de 2016, entregaron una copia de la tarjeta a Villarejo, "conociendo que se trataba de un funcionario policial en activo" y sabiendo que ésta tenía "documentos internos" de Podemos, datos bancarios y "documentos con archivos de carácter íntimo y personal" de Bousselham, según su escrito de conclusiones provisionales.
Cuando tuvo la información y "con abuso de sus funciones" policiales, Villarejo entregó dichos archivos a periodistas de su confianza para que "publicaran diversas informaciones en descrédito" de Podemos y de Pablo Iglesias, según la Fiscalía. Por su parte, Pablo Iglesias sostiene que el robo de la tarjeta y la "circulación" de su contenido "tuvo el claro objetivo" de perjudicarle a él y al partido.
