Este miércoles llegó al Tribunal Supremo el documento que marcará el futuro judicial de José Luis Ábalos. Es un escrito del juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el que relata el supuesto "papel principal" del exministro en la presunta corruptela y pide al alto tribunal que lo impute. La exposición razonada (así se llaman estos documentos) se apoya en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero también hace referencia a la auditoría que encargó el ahora ministro Óscar Puente cuando la trama salió a la luz. Este informe ha servido al juez para afirmar que Ábalos "podría haber sido" quien "contactara" y "negociara" con Soluciones de Gestión, la empresa central de la presunta trama.
La gestión de los contratos de compraventa de mascarillas con esta empresa es el principal pilar de la causa que hasta ahora se ha investigado en la Audiencia Nacional. También integra el grueso de la exposición razonada con la que el juez Moreno solicita al Tribunal Supremo, el único con competencia para hacerlo, que impute a José Luis Ábalos.
El ministro de Transportes estuvo vinculado con estas operaciones desde que se firmó el primer contrato, una adjudicación de Puertos del Estado (dependiente del ministerio) a la principal empresa de la trama, Soluciones de Gestión, por valor de 24,5 millones de euros. El 20 de marzo de 2020, Ábalos firmó una orden ministerial para regular la adquisición y distribución de mascarillas por vía de urgencia. Al día siguiente, la empresa del caso Koldo firmó aquel primer contrato.
Tal y como recoge el escrito de Ismael Moreno, "Soluciones de Gestión había firmado días antes, el 16 de marzo de 2020, un contrato de prestación de servicios donde se evidenciaba que ya conocían esta necesidad de adquisición de material sanitario por parte de Puertos del Estado". Tal y como apunta el instructor, hay indicios de que Víctor de Aldama, comisionista y personaje central de la trama, conocía "de manera anticipada" de las necesidades del Ministerio de Transportes.
Más aún, Aldama "se valió de este conocimiento" para proveer de material sanitario a varios entes dependientes del ministerio, y esto le reportó "un beneficio económico de 6,6 millones de euros". Cuando salieron a la luz las primeras informaciones sobre una trama liderada por Aldama y Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, el ministro Óscar Puente decidió encargar una auditoría interna, cuyos resultados se publicaron a finales de agosto.
Las entrevistas realizadas en esa auditoría apuntaban a que "el entonces ministro o su gabinete" contactaron con Soluciones de Gestión, tal y como recoge el informe realizado al término de la auditoría. "Las negociaciones con la empresa Soluciones de Gestión, así como la modificación del objeto de la emergencia, que finalmente coincide con lo ofertado por la empresa, se realizaron a nivel ministro y gabinete del ministro", subraya el documento.
El propio ministro Óscar Puente explicó este asunto en el Senado horas antes de que la auditoría se hiciera pública. Detalló que al comienzo de la pandemia, el ministerio iba a adquirir cuatro millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, pero 38 minutos después la cifra aumentó a ocho millones. Esto se averiguó gracias a la entrevista al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, al que Óscar Puente cesó tras publicar la auditoría. Gómez explicó durante la entrevista que la empresa del caso Koldo había ofrecido los ocho millones de mascarillas y "la oferta era todo o nada".
El Ministerio de Transportes, ante esa tesitura, no realizó una búsqueda de otros proveedores de mascarillas, sino que cambió el contrato para adaptarlo a la oferta de Soluciones de Gestión. Además, la auditoría apunta a un segundo contrato, firmado seis días después de aprobarse el primero, por el que el ministerio compró otros cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión.
Antes de realizar esta adjudicación, el Ministerio de Transportes no realizó "ningún estudio de necesidades que venga a justificar la adquisición" de las mascarillas. La auditoría destaca también que "en esta segunda compra sí hubo otras empresas ofertantes, algunas con precios más bajos que la finalmente elegida". Pero el Ministerio de Transportes adjudicó el contrato a Soluciones de Gestión y, según apuntan los indicios, la decisión la tomó el propio Ábalos.
