Hacía años que en el fútbol español no se veía una escena como la que se vivió el pasado domingo en el derbi entre Atlético y Real Madrid de Liga: el partido detenido durante casi 20 minutos por el lanzamiento de objetos al campo, y Giménez, Koke y Simeone dialogando con los ultras del Frente Atlético para mediar y que el encuentro pudiese continuar. Todo eso, sumado a las campañas racistas contra Vinícius que se promovieron en redes sociales antes del partido, los cánticos racistas y violentos durante el choque, y los actos vandálicos fuera del estadio, entre otras cosas, ha provocado que Movimiento contra la Intolerancia presente una denuncia con la que busca acabar con el fenómeno ultra en el Metropolitano y en España.
"Queremos que acabe ya de una vez por todas, que la Fiscalía entre y que busque erradicar el grupo que lo organiza todo. Porque son reiterativos, a veces es en el estadio, en el Metropolitano, otras veces es cuando salen fuera, a nivel internacional, los comportamientos y actos de este grupo, como de otros grupos ultras, que la cuestión es empezar con este y luego seguir con otros que se comporten igual", ha aseverado Esteban Ibarra, presidente del organismo, en una conversación con 20minutos.
Para el mandamás de Movimiento contra la Intolerancia "lo que no puede hacerse es dejarlo a nivel de Comité de Competición, cerrándole un día la grada", lo que significaría solo una sanción para la entidad colchonera, mientras que lo que ellos buscan es identificar a "los ejecutores del delito" para que vuelvan a producirse este tipo de episodios.
Por eso, la organización ha denunciado ante la Fiscalía el lanzamiento de objetos y los actos denigratorios contra Courtois, los conatos de peleas y agresiones en el partido, así como los gritos racistas contra Vinícius y los cánticos violentos, el uso de simbología nazi y la ocultación del rostro, y las campañas previas en redes sociales contra el futbolista brasileño. Ahora, la pelota está en el tejado de la Fiscalía, que "tiene dos opciones, archivar, con lo que quedaría en franco cuestionamiento, o preparar una querella, que la puede hacer a fondo [valorando todos los hechos] o superficial [abriendo diligencias contra uno específico]".
Además, también ha valorado las palabras de Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, que aseguró que el Gobierno daría "una respuesta contundente y severa por los incidentes en el Metropolitano". Desde el punto de vista de Ibarra, si el Ejecutivo quiere "ser contundente", debe actuar en dos niveles.
"Primero, la ley contra la Violencia y el Racismo a través de la Comisión Estatal contra la Violencia, que son sanciones administrativas en el nivel que corresponda; y el otro, facilitar las cosas e impulsar que la Fiscalía abra las diligencias para el ejercicio de acciones penales. Si quiere actuar de manera contundente, tiene que actuar con los dos niveles. Si solo actúa con uno, se queda en una expresión, no es real", ha detallado.
Respecto a las consecuencias que podría acarrear para los culpables, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha explicado que "van desde los seis meses de prisión hasta los dos o tres años, depende del delito". Además, por otro lado, "está lo que pueda disponer la Comisión Estatal contra la Violencia frente al club, como el cierre parcial de grada durante dos partidos o tres partidos, los que sean, y frente a los ultras, una multa de 3.000 a 6.000 euros".
"Luego hay un montón de mensajes muy malos, como la complicidad del entrenador y de los jugadores con los ultras, la justificación de comportamientos de estos ultras por parte de directivos de los clubes", añade Ibarra, que cree que "todo esto debería también la Comisión Estatal Antiviolencia abordarlo".
La reacción del Atlético de Madrid
El intercambio de palabras entre los capitanes del Atlético de Madrid, Koke Resurrección y José María Giménez, y su técnico, Diego Pablo Simeone, con el grupo ultra ubicado tras la portería de Thibaut Courtois ha sido una de las imágenes más comentadas, así como el saludo de la plantilla a ese fondo y las declaraciones de Koke y el Cholo tras el partido, aludiendo al comportamiento de Courtois. Unos hechos que, según apunta Esteban Ibarra, deberían valorarse desde Antiviolencia.
"Lo que tienen que tener es un reproche moral", considera Ibarra, que añade que se debería estudiar "el alcance de sus palabras y de sus actos". En este sentido, el dirigente de Movimiento contra la Intolerancia, que detalla que después de "esa especie de negociación, un saludo que legitima la acción de ese grupo que ha cometido estos desmanes, y unas declaraciones públicas de justificación", Antiviolencia "no debe de decir 'aquí no ha pasado nada", sino que "ese comportamiento debe ser reprobado públicamente, porque es inmoral".
Desde el punto de vista de Ibarra, además de enviarse un mensaje de "legitimidad de estos grupos", también "se envía un mensaje de impunidad", puesto que se da "la impresión de que no va a pasar nada, no hay ningún nivel de sanción porque se acepta esa relación". Del mismo modo, "se envía un tercer mensaje de trivialización del problema, no se le da importancia, 'si en definitiva es un mechero, cuatro gritos".
Todo esto "tiene una consecuencia muy grave, que es que el Estado de derecho es absolutamente ineficaz con este tipo de grupos", apunta. "El Estado de derecho es eficaz para otro tipo de delitos, es decir, nos pueden sancionar por cualquier incumplimiento de la ley, ¿pero a estos no? Esta es la pregunta. Estos, ¿qué pasa? ¿Están fuera de fuera de la ley?", añade.
¿El Atlético de Madrid expulsará del estadio a sus ultras algún día? "Todo depende de la acción de la de la Justicia. Si es potente, animará al Atlético de Madrid a prohibir la entrada. Si la acción de la Justicia es endeble, pues el Atlético de Madrid seguirá entendiéndose con sus ultras", considera Ibarra.
De momento, el Comité de Disciplina ya ha sancionado a la entidad rojiblanca con el cierre de la grada baja del fondo sur del Metropolitano, donde se ubica habitualmente el Frente Atlético, para los tres próximos partidos, y una multa de 45.000 euros.
