El Gobierno baja los decibelios en el choque con las comunidades lideradas por el PP a cuenta de la aplicación de la ley de vivienda. La ministra Isabel Rodríguez se ha reunido este jueves con los consejeros del ramo para abordar el futuro Plan de Vivienda Estatal y el Bono Alquiler Joven. La tensión antes del encuentro era alta, después de que Rodríguez llamara "insumisas" hace una semana a las comunidades que no aplican en su territorio las zonas tensionadas y de que los consejeros del PP hayan leído un manifiesto conjunto a las puertas del ministerio negando que incumplan la ley. Fuentes del Ministerio de Vivienda reconocen que esta declaración es voluntaria, pero reiteran que se premiará con "fondos extraordinarios" a aquellas que den este paso.
"La ley es contundente", ha defendido la ministra en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar a la reunión. "Si reconocemos que existen zonas de extraordinaria emergencia, y existir existen, tenemos que actuar y todas las administraciones tenemos que hacer lo posible para en el menor tiempo posible hacer lo que indica la ley", ha expresado, instando a las comunidades autónomas a reconocer esas zonas en su territorio y recordando que ese paso permite bajar los precios del alquiler un 5% y activar bonificaciones de hasta el 90% para los caseros.
"¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo y la ciudadanía tampoco", ha añadido, tendiendo la mano a las comunidades para desplegar la ley de vivienda. Las autonomías presididas por el PP rechazan de plano la norma aprobada en la pasada legislatura. Antes de entrar a la reunión, han leído un manifiesto conjunto en el que han reiterado su oposición y han censurado la "amenaza" y el "chantaje" del Gobierno de condicionar la financiación brindada por el estado a la aplicación de la norma.
“El Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos", ha recordado el consejero madrileño Jorge Rodrigo, encardado de leer el comunicado. "Manifestamos nuestro rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de España de imponer sus fracasadas e inoperativas políticas de vivienda", han sentenciado. "Rechazamos igualmente el procedimiento anunciado para hacerlo, mediante un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles", han añadido, recordando que es "una decisión potestativa y, por tanto legal" no declarar sus zonas tensionado y no intervenir los precios. "Esas medidas solo sirven para provocar menor oferta y subida de los precios", rechazan.
"No van a faltar recursos por parte del Gobierno de España", se ha limitado a decir en respuesta a los populares la ministra, que la semana pasada afirmó en una entrevista en TVE que "no puede tratar por igual" a aquellas regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la ley y a aquellas que "por atacar al Gobierno" se muestran "insumisas". Rodríguez recordó que el 70%-75% de los fondos que las comunidades destinan a vivienda proceden del Estado y aseguró que pondría "más presupuesto" allí donde se tomen medidas. "Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley", recalcó.
Horas después de esa intervención, la ministra ya aclaró que la propia ley de vivienda reconoce en su artículo 18 la posibilidad de dar una financiación adicional a las comunidades que, en aplicación de la norma, declaren zonas tensionadas en su territorio. En concreto, se habilita al ministerio para desarrollar junto a la comunidad en cuestión "un programa específico" vinculado al Plan Estatal de Vivienda. "Es un planteamiento que llevo compartiendo desde hace meses", insistió, recordando que ya en abril puso sobre la mesa este mecanismo de "financiación extraordinaria" previsto en la ley de vivienda.
Fuentes del Ministerio de Vivienda recalcan que se trata de premiar a aquellas comunidades que adopten medidas, no de castigar a las que no lo hagan. Las mismas fuentes reconocen que todavía no esta clara la forma en la que podría articularse esa financiación adicional, si sería a través del Plan Estatal de Vivienda o de los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo. Subrayan también que sí hay partes de la ley de vivienda que están siendo incumplidas, como la puesta en marcha de sistemas de arbitraje entre arrendadores y arrendatarios vulnerables.
Por el momento solo Cataluña y País Vasco han declarado zonas tensionadas en su territorio. La comunidad presidida por Imanol Pradales se sumó este mismo miércoles con la aplicación de este reconocimiento al municipio de Errenteria. En cambio, en Cataluña, este mecanismo lleva ya varios meses en marcha, con la consecuente limitación de los precios del alquiler. A su llegada a la Conferencia Sectorial, la consellera catalana, Sílvia Paneque, ha adelantado que los primeros datos recogidos por la Generalitat apuntan a una bajada de entre el 3% y 5% en el precio de los alquileres entre el primer y segundo trimestre. "Los primeros datos ya nos indican que quizás pueda haber buenos resultados", ha avanzado, a la espera de dar a conocer datos más precisos la semana que viene.
La ministra ha querido restar hierro al choque con las comunidades del PP a la entrada a la reunión con los consejeros. "No estamos en un foro de confrontación política ni partidaria. Estamos en un foro de acuerdo institucional para adoptar acuerdos", ha señalado, tendiendo la mano a la formación de Alberto Núñez Feijóo para alcanzar un "pacto" en materia de vivienda, marcando como horizonte la próxima Conferencia de Presidentes.
