El Tribunal Constitucional (TC) sigue resolviendo los recursos de amparo presentados por algunos de los condenados en la pieza política del caso de los ERE y este miércoles ha estimado parcialmente los de los exconsejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, a quienes exonera del delito de malversación; y de Antonio Fernández y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez, a quienes rebaja la condena. Al tiempo que ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte nuevas sentencias, que reducirán considerablemente sus condenas de prisión.
Todas estas resoluciones han contado con los votos particulares de los magistrados del bloque conservador Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño y de la magistrada Concepción Espejel Jorquera. Y con el voto particular concurrente de la magistrada María Luisa Segoviano en los recursos de Vallejo y Rodríguez.
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández fue condenado a siete años y 11 meses de prisión y más de 19 años de inhabilitación por prevaricación en concurso con malversación, la pena más alta impuesta en esta macrocausa, que cumple en una prisión de Cádiz desde el 2 de enero de 2023. En su caso, el TC determina que "se ha vulnerado en parte su derecho a la legalidad penal", pero rechaza que se hayan "lesionado sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva". Por ello, ha ordenado devolver las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para que dicte un nuevo fallo.
Las sentencias de la Audiencia y del Tribunal Supremo (TS) consideraron que Fernández, en calidad de vicenconsejero de Empleo y presidente del IFA, participó en la elaboración y tramitación de los anteproyectos de ley de presupuestos de 2002 a 2009; en la tramitación y aprobación de modificaciones presupuestarias; y en las decisiones sobre la concesión de las ayudas y los convenios a través de los que se instrumentaron. Todo ello, según los fallos impugnados, con "conocimiento de la palmaria ilegalidad de los hechos en que participó".
La corte de garantías determina ahora que los mencionados órganos judiciales realizaron una "interpretación y aplicación imprevisible" del delito de malversación, "prohibida por el derecho a la legalidad penal", es decir, que ningún hecho puede considerarse delictivo si no hay una ley previa que lo haya previsto así.
En concreto, la resolución explica, como en anteriores recursos ya resueltos, que participar en la elaboración de los anteproyectos de ley de Presupuestos y en su aprobación como proyectos, y llevar a cabo conductas amparadas en las sucesivas Cuentas andaluzas a partir de 2002 (como las modificaciones presupuestarias en el programa 31L y firmar convenios para el pago de ayudas) no son malversación. Primero, razona el TC, porque los Presupuestos "no pueden ser objeto de control judicial"; y segundo, porque no pueden considerarse delictivas actuaciones que tiene "cobertura legal", en alusión al "fondo de reptiles" que estaba contemplado en las Cuentas.
Sin embargo, el TC dice que los mencionados argumentos no se pueden aplicar a la disposición de fondos para fines distintos a los previstos: ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Y que la sentencias de 2019 y 2022 probaron que el exconsejero incurrió en estos hechos, por lo que desestima la queja de Fernández sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. También se rechaza la queja en la que se aducía que el Supremo introdujo nuevos hechos en los que fundamentar la condena; así como las alegaciones sobre la "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva y por vulneración del derecho a la presunción de inocencia extraprocesal" por la comunicación pública y anticipada del fallo de la sentencia dictada en casación.
El Constitucional ha resuelto así hasta ahora siete de los 12 recursos que se presentaron. A los cuatro de este miércoles se suman el del exconsejero José Antonio Viera, condenado a siete años de prisión, pero con el tercer grado por motivos de salud desde hace un año, y cuyo recurso se rechazó por unanimidad; sí estimó parcialmente el TC el de la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación, para quien la Audiencia dictará un nuevo fallo; y el de Miguel Ángel Serrano, ex director general de la Agencia IDEA, condenado a seis años de prisión y en libertad desde este martes, tras anular el TC su condena.
Quedan por abordar, a partir del próximo 16 de julio, los recursos planteados por los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán; el exconsejero Gaspar Zarrías; y los ex directores generales Antonio Vicente Lozano y Juan Márquez.
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