Este viernes, 79 días después de arrancar la investigación, el juez Juan Carlos Peinado tomará declaración a Begoña Gómez como imputada por presunto tráfico de influencias y corrupción privada en los negocios. La esposa del presidente del Gobierno accederá a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) antes de las 10.00 horas, cuando está prevista su declaración. Entrará en coche por el garaje, escoltada por el departamento de Seguridad de Moncloa, y se ahorrará la exposición ante las cámaras que aguardarán en los alrededores del edificio. Después de que comparezca, lo hará también el decano de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.
Peinado abrió la investigación al apreciar indicios delictivos contra la mujer de Pedro Sánchez en una querella presentada por el pseudosindicato Manos Limpias, que recogía informaciones aparecidas en prensa desde semanas antes. En este lapso, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado parte de las pesquisas y descartado otra, el juez ha comunicado la citación de Gómez en plena campaña de las elecciones europeas y la Fiscalía Europea ha asumido la principal línea de investigación. Esto último ocurrió el pasado 10 de junio, cuando el organismo comunitario pudo comprobar que parte de los hechos podrían haber afectado a fondos europeos.
En aquel momento Begoña Gómez asumió que Peinado debía cancelar su declaración y preguntó al juez por qué motivo la seguía investigando. El juez contestó -por segunda y última vez- este martes: aún indaga en la relación de Begoña Gómez con el holding Globalia, propietario de una aerolínea rescatada por el Gobierno; y con el empresario Juan Carlos Barrabés, en favor del cual firmó dos cartas de recomendación para su candidatura a contratos adjudicados por una entidad pública.
Además, en las últimas semanas se han denunciado "nuevos hechos, que pudieran ser merecedores de ser investigados". Gómez ha solicitado que no se grabe en vídeo su declaración, pero el juez aún no ha tomado una decisión al respecto. En la comparecencia estarán presentes la Fiscalía -que aboga por el archivo de la causa-, las acusaciones populares -Vox, Manos Limpias, Regeneración Política de España e Iustitia Europa- y la defensa de Begoña Gómez, que lleva el exministro del Interior Antonio Camacho.
El departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno solicitó a comienzos de semana que se permitiese a Begoña Gómez acceder al edificio de los juzgados a través del garaje, una práctica no habitual. La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, accedió finalmente tras estimar que podía existir un "riesgo" para la seguridad de la esposa del presidente. La jueza, no obstante, no ha explicado las razones esgrimidas por Moncloa en su petición "por motivos obvios".
Una cátedra en la UCM
Desde que se creó la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la UCM, dirigida por Gómez, esta ha realizado varias actividades relacionadas con la universidad y a su vez con Juan Carlos Barrabés. Este último figura entre el claustro de expertos que colaboran con uno de los másteres que dirige Gómez. Como codirectora de un máster de la Complutense, la esposa de Sánchez firmó dos cartas de recomendación en favor de una Unión Temporal de Empresas (UTE) de Barrabés.
Y el empresario incluyó estas cartas en la candidatura de esa UTE a dos contratos públicos. El adjudicador era Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, que concedió tres expedientes a la UTE por valor de 10.607.203,33 euros. El juez, tras recabar toda esta información en medios de comunicación y gracias a la información aportada por la Guardia Civil, investiga si Begoña Gómez incurrió en tráfico de influencias para asegurar que el empresario resultara adjudicatario de estos contratos millonarios.
Sin embargo, parte de los contratos adjudicados estaban financiados por fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió la investigación sobre los mismos. Peinado señaló este martes que solo "algunos, y no todos", los contratos de Red.es estaban financiados con dinero de la Unión, de forma que mantiene su investigación sobre las relaciones de Gómez con Barrabés.
El rescate de Air Europa
Otro de los bloques de la investigación se centra en las relaciones de Begoña Gómez con la start up Wakalua, que forma parte del holding Globalia. Globalia, a su vez, es propietaria de la aerolínea Air Europa, rescatada por el Gobierno durante la pandemia con 475 millones de euros. Y otra de las actividades de Begoña Gómez era la de directora del IE Africa Center, que en enero de 2020 firmó un acuerdo con Wakalua "para la celebración de diversos actos relacionados con la innovación en el sector turístico", tal y como viene recogido en el sumario del caso.
El contrato implicaba que Wakalua desembolsaría 40.000 euros al año para celebrar estas actividades, pero la pandemia acabó frustrando aquel acuerdo: solo se gastaron 1.716 euros para pagar unos billetes de avión a Londres, donde tuvo lugar el primer evento. Aún así, el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, coincidió con Gómez en dos eventos en enero de 2020.
A finales de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid contestó a un recurso de la Fiscalía en el que se solicitaba el archivo de la causa. El tribunal rechazó esta petición, pero señaló que esta última parte de la investigación se basaba "en una simple conjetura". Sin embargo, según razonó más tarde el juez instructor, la Audiencia hizo esta apreciación cuando "se carecía" de nuevos documentos, y lo hizo sin analizar "el primer informe emitido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil".
