"El 7 de agosto mi papá me escribió para desearme feliz cumpleaños, fue a una cita médica y después desapareció". Ese fue el último día que el joven Américo —que reside en Madrid desde hace cinco años— tuvo contacto con su padre, el exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela Américo de Grazia Veltri. Tras buscarlo en Caracas por cielo, mar y tierra sus familiares llegaron hasta El Helicoide, donde funcionarios policiales les confirmaron que estaba allí detenido. Se trata de un edificio que alberga la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y que también es conocido como uno de los principales centros de tortura de Venezuela, según indican el Departamento de Estado de EEUU y distintas ONG.
Al exdiputado se le imputan los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria y hasta ahora a ninguno de los abogados contratados por su familia se le ha permitido verlo. Según su hijo, el Gobierno le ha asignado un defensor público que no está haciendo nada por él. "Ya han pasado más de 70 días. Nadie lo ha visto, no ha recibido visitas, no sabemos en qué condiciones está y por lo visto no hay previsiones de que lo vayamos a ver próximamente", afirma en conversación con 20minutos el joven venezolano.
De Grazia recuerda que su padre lleva 40 años en política y que no es la primera vez que es perseguido por el régimen. En 2019, el político pasó siete meses refugiado en la Embajada de Italia tras haber apoyado al expresidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, que asumió el cargo de presidente interino de la república después de que la comunidad internacional declarara fraudulentas las elecciones de 2018.
Pero ahora se enfrenta a un reto aún más complicado: mantenerse firme hasta lograr salir de su cautiverio. "El último mensaje que le envié a mi papá fue sobre la autobiografía de Nelson Mandela, que me la regalaron el día de mi cumpleaños. Fue una premonición de su detención y estoy seguro de que será una premonición de su libertad", expresa con voz temblorosa y profundo dolor.
El caso de Américo de Grazia no es aislado. En la actualidad hay 1.953 presos políticos en Venezuela, entre los que destacan 69 adolescentes (algunos de ellos con discapacidades). Del total de detenciones, 1.824 se han producido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, según indica el último balance de la ONG Foro Penal. La situación es tan alarmante que la ONU ya ha advertido de que el régimen venezolano ha "sumido a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente" y lo ha acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad en el marco de los comicios electorales.
La abogada que grabó su detención en redes
Un día antes del arresto de Américo de Grazia, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanó sin orden judicial la casa de María Oropeza, coordinadora del partido de la líder opositora María Corina Machado en el estado Portuguesa. Los funcionarios se la llevaron y diez días después su familia se enteró de que la habían recluido en El Helicoide. Su entorno vivió la pesadilla desde el primer momento, ya que Oropeza alcanzó a realizar un directo en Instagram de su detención para dejar constancia de lo que le estaba sucediendo. "Al ver el vídeo me sentí indignado por la injusticia. Fue aterrador. Es una experiencia que no le deseo ni a mi peor enemigo", indica Adrián Quiñones, hermano de la también abogada.
El joven continúa diciendo con la voz llorosa que su hermana es una mujer valiente, noble y con sueños que no se merece lo que le ha ocurrido. "Es muy duro lo que estamos viviendo los familiares y a veces no encontramos las palabras correctas para poder expresar tanto dolor, tanta incertidumbre de cómo debe estar ella en este momento", afirma Quiñones. Al igual que la mayoría de los presos políticos, Oropeza ha sido acusada de terrorismo e incitación al odio y su detención se produjo después de que ella denunciara la operación Tun Tun, como se conoce a las detenciones llevadas a cabo en las viviendas de los opositores.
El caso de Rocío San Miguel
Pero las detenciones de los opositores al Gobierno de Nicolás Maduro no se limitan al periodo poselectoral. La activista Rocío San Miguel fue detenida hace ocho meses en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía -que presta servicio a Caracas- por su presunta implicación en un supuesto plan para asesinar a Maduro. Después, también fue trasladada a El Helicoide. Ese mismo día detuvieron a su exmarido Alejandro González, coronel retirado de la Fuerza Aérea. "A él le tocaron la puerta de su casa y se lo llevaron. Estuvo 22 días desaparecido y después nos informaron que está en El Rodeo [otra de las cárceles donde las ONG ha denunciado torturas]", sostiene su hermana, Yajaira González.
Los familiares de ambos han podido visitarlos, pero sus abogados privados ni siquiera han podido acreditarse todavía. "A ambos les han puesto una defensa pública que no se ha pronunciado y que no ha ido a verlos a sus respectivos centros de tortura. Todavía estamos a la espera del juicio. Están pidiendo 30 años [de cárcel] para cada uno", asegura González. A su hermano lo acusan de haber pasado información militar a su entonces esposa Rocío, y de terrorismo. "Tenemos que ser fuertes. En este momento somos su voz, sus oídos, sus ojos y tenemos que contarle al mundo lo que está pasando", sentencia.
Víctimas de la cárcel de El Rodeo
El capitán Antonio Sequea y su cuñado Fernando Noya son otros de los tantos presos políticos que se encuentran en la cárcel de El Rodeo, ubicada a una hora de Caracas. Fueron apresados en mayo de 2020 tras participar en la operación Gedeón, que tenía como fin derrocar a Maduro. "A ambos se les negó el derecho a la defensa desde el primer día y fueron sentenciados a 30 años de prisión", explica Verónica Noya, esposa de Sequea y hermana de Noya. Sin embargo, aunque ya no se puede hacer nada más por la vía jurídica, ella afirma que seguirán visibilizando sus casos y luchando hasta conseguir su libertad.
"Ellos están siendo víctimas de torturas, de tratos crueles e inhumanos. Están aislados en condiciones deplorables y no sabemos cuánto tiempo puedan aguantar en las condiciones en las que están", denuncia Noya, que añade que sus familiares están en celdas de dos metros de ancho por dos de largo. "Les colocan agua dos minutos al día, duermen sobre una gomaespuma, tienen la alimentación limitada y no nos permiten a nosotros llevarles algo más de comer", continúa y añade que la fe, la esperanza y el amor es lo que la mantiene en pie para seguir alzando la voz: "No vamos a parar hasta lograr su libertad".