El Congreso de los Diputados ha vivido este martes una situación bastante insólita, y es que el PP y Sumar -socio minoritario de la coalición de Gobierno- se han alineado al margen del PSOE y ambos han permitido al otro sacar adelante su proposición de ley. Los de Yolanda Díaz han facilitado con su abstención que la Cámara Baja acuerde tramitar la propuesta de los populares de reformar la Ley de la Defensa Nacional para que las misiones militares en el exterior y el envío de armamento sean sometidos a votación en el Parlamento, mientras que el Grupo Popular ha respaldado la toma en consideración de otra ley que busca prohibir los desahucios derivados de hipotecas con cláusulas abusivas.
Por un lado, el PP ha conseguido que el Congreso tramite la proposición de ley que reforma la Ley de la Defensa Nacional, con los apoyos de Vox y Podemos y la abstención de Sumar, que tras desmarcarse de su socio de Gobierno permitirá que el comienzo del recorrido parlamentario. El PSOE ha rechazado la ley, alegando que los populares ya presentaron un texto parecido hace un mes en el Senado que se encuentra en plazo de enmiendas en la Cámara Alta.
Con esta ley el PP pide ampliar el artículo 17 del Capítulo I del 'Título III. Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario' de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para obligar al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso para enviar material militar a una zona de guerra. El Ejecutivo necesitaría "recabar la autorización del Congreso de los Diputados" a las operaciones en el exterior "que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional". Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco años; y antes de que acabe este plazo, el Gobierno debe comparecer en la Comisión de Defensa del Congreso para hacer una evaluación de las misiones.
Durante su intervención, Alberto Fabra, presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso y diputado del PP ha defendido la proposición de ley presentada por su partido alegando que hay una "clara necesidad de adaptar la normativa ante los nuevos desafíos geopolíticos", en referencia a la situación de misiones en las que participa España como la de la FINUNL en el sur del Líbano. La participación militar de España es un "asunto de estado" y "el poder legislativo debe tener un poder más activo en estas decisiones", ha dicho antes de alegar que no debe ser el Gobierno el que tenga "el monopolio en las decisiones de política de defensa". Asimismo, el envío de material militar deberá tener la autorización del Congreso de manera anual y con posibilidad de prorrogas.
El resto de grupos del hemiciclo han recordado durante su intervención que el texto que se ha debatido este martes es muy parecido al ya presentado también por Partido Popular en el Senado hace un mes. Aquella medida fue aprobada en la Cámara Alta y se encuentra en este momento en plazo de enmiendas en la Comisión de Defensa del Congreso tras ser tomada en consideración. Por todo ello, el PSOE ha criticado que se vuelva a presentar y lo han calificado de "falta de consideración al procedimiento legislativo, intentando que haya dos proposiciones de ley idénticas en tramitación de forma paralela".
El diputado socialista José Antonio Rodríguez Salas ha acusado al PP de "desconocer su propio proyecto de ley aprobado en el Senado" y, aunque ha asegurado que hay medidas en las que están de acuerdo, considera que la proposición "mezcla elementos concretos y técnicos con otros de carácter mas político". Así, Rodríguez Salas ha explicado que las misiones militares en las que participa España responden a necesidades específicas de compromisos internacionales donde "no es posible determinar su duración".
Por su parte, Sumar ha agradecido al Partido Popular que traiga esta proposición de ley, aunque ha reconocido que la formula de los cinco años "pasando de una legislatura a otra las misiones de paz" solo tiene el objetivo de "dividir al Gobierno" con una clausula que pretende ser mas democrática y transparente, pero que "no lo es". Agustín Santos Maraver ha pedido desde la tribuna que se haga un balance de las misiones de manera anual, así como del envío de armas.
También ha planteado Podemos una serie de enmiendas para que las misiones militares sea votada cada dos años y después de ahí se pueda prorrogar año a año. Además, el diputado morado, Javier Sánchez Serna, ha pedido que tampoco se envíe material militar a "aquellos países que estén cometiendo genocidio y no respeten los derechos humanos como es el caso de Israel". "Apoyen un embargo de armas contra el Estado genocida de Israel y sanciones a criminales de guerra como Netanyahu", ha espetado.
La propuesta de Sumar, solo con Vox en contra
Por otro lado, el Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley de Sumar para que las entidades financieras ofrezcan a sus clientes vías para reclamar cláusulas abusivas vinculadas a la amortización del pago de la hipoteca e intereses conocidas como 'Redito ad Libitum' (Redal). Finalmente, a Sumar no le habría hecho falta los apoyos del PP, ya que sus socios habituales -la mayoría de la investidura- han decidido respaldar la propuesta. Solo Vox ha votado en contra.
La ley contempla que los bancos desarrollen un sistema de reclamación específico para estos casos y que la banca no pueda iniciar, en ningún caso, un procedimiento civil por incumplimiento de las condiciones del pago del contrato cuando este incluya cláusulas abusivas, siempre que las cuotas satisfechas hasta el momento por el cliente sean superiores a los intereses mensuales.
El encargado de defender la ley desde tribuna ha sido el dirigente de En Comú integrado en Sumar, Félix Alonso, quien ha explicado que uno de los principales objetivos de la norma es que ninguna familia que haya firmado una hipoteca con cláusulas Redal sea desahuciada por no poder pagar su préstamo con el banco.
Así, si la familia paga los intereses y amortiza un mínimo de un euro al mes, podrá seguir en su vivienda hasta el último recibo de su hipoteca. En ese momento la familia podrá vender la casa, devolverla al banco, con tanteo y retracto por parte de la Administración para apilar el parque público, o pagar el total del préstamo restante. "Es un 'win-win', todos ganan, la familia no pierde su casa y el banco ingresa más intereses", ha defendido desde tribuna el diputado.
Sumar explica que dichas cláusulas se introdujeron en muchos contratos hipotecarios mediante métodos matemáticos engañosos o sistemas de subamortización encubierta, de modo que en contratos de cuota creciente se aplaza la devolución del capital durante muchos años y después de décadas se encarece fuertemente la cuota, algo que no se explica a la hora de firmar.
Alonso ha señalado que la casi totalidad de hipotecas variables firmadas contenían errores hasta 2011, año en el que el Ministerio de Economía publicó una Orden Ministerial para actuar en las hipotecas con cláusulas Redal y que estas pasaran un chequeo.
