Dos años después de su entrada en vigor, el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas ya es historia. El Congreso derogó este miércoles el decreto aprobado hace un mes por el Gobierno para extender este gravamen, y lo hizo gracias a que PNV y Junts decidieron romper la mayoría que sustenta al Ejecutivo y votar en esta cuestión junto a PP y Vox, que se opusieron a que siguiera en vigor una tasa que afectaba tan solo a cinco grandes empresas multinacionales que, en el año 2023, tuvieron unas ganancias en conjunto de casi 10.500 millones de euros.
A favor de la convalidación del decreto —es decir, de que siguiera vigente el impuesto energético— votaron el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, es decir, el Gobierno y sus socios progresistas y nacionalistas de izquierdas. No obstante, la ruptura del bloque de la investidura por el flanco derecho impidió al Ejecutivo alcanzar la mayoría en el Congreso, algo que tampoco fue una sorpresa, dado que PNV y Junts llevaban semanas rechazando públicamente prorrogar el impuesto a los beneficios de las empresas energéticas y, de hecho, plantaron al Ministerio de Hacienda cuando convocó a finales de diciembre a todos sus aliados —a instancias de Podemos, ERC, EH Bildu y BNG— para intentar pactar un texto común que salvara el gravamen.
Habida cuenta del rechazo que generaba la medida en PNV y Junts, Hacienda tampoco ha hecho durante el último mes demasiados esfuerzos para forzar a esas dos formaciones a cambiar de posición: no ha habido presión pública por su parte, ni tampoco se les han ofrecido contrapartidas en otras áreas para lograr su voto. No obstante, este miércoles la ministra del ramo, la también vicepresidenta primera María Jesús Montero, aseguró que el Ejecutivo ha "hecho lo humanamente posible para intentar conciliar las posiciones, alcanzar el consenso y que esa medida pudiera abrirse camino", si bien también admitió que "la realidad parlamentaria es compleja".
"Vemos cómo en todo el mundo se van abriendo paso cada vez más posiciones negacionistas de este cambio climático para dar marcha atrás a cualquier medida que implique descarbonizar la economía. Se está intentando anular o retrasar los compromisos climáticos de los gobiernos: lo vieron ustedes en las primeras decisiones que tomó el presidente Trump", alertó además durante su intervención en el Congreso Montero. Las palabras de la vicepresidenta primera no son solo una declaración política, sino que preparan el terreno para la próxima batalla fiscal que tendrá que librar el Gobierno: la relativa a su intención de elevar los impuestos al diésel, una medida que Hacienda ha tenido que retrasar ante la posibilidad de que algunos de sus aliados la derriben.
Como todo el mundo tenía claro ya desde el principio del pleno de este miércoles que el impuesto a las empresas energéticas iba a caer, el debate se convirtió en el escenario perfecto para que los aliados nacionalistas del Gobierno se enzarzaran en sus batallas particulares con sus adversarios directos. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con PNV y EH Bildu, puesto que los abertzale cargaron muy duramente contra los primeros asegurando que ellos no hacen "política al dictado del CEO de Repsol", que es precisamente Josu Jon Imaz, expresidente del PNV.
"Para EH Bildu primero está el país y después está el partido", todo lo contrario que para el PNV, que pone "el partido por encima de los intereses del país", espetó a este respecto el diputado abertzale Oskar Matute en respuesta a la parlamentaria peneuvista Idoia Sagastizabal. Previamente, ella había denunciado la "demagogia" que, dijo, supone aprobar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en lugar de reformar el impuesto de sociedades, y justificó el rechazo del PNV al mismo afirmando que el gravamen no puede ser gestionado por las haciendas forales vascas.
