Andrea Rodríguez (50 años, nombre ficticio) denunció a su exmarido por violencia de género hace 11 años, pero a día de hoy todavía no ha conseguido liberarse de él. Persiste, como ella dice, una espada de Damocles sobre su cabeza que le impide respirar hondo cada mes. Cuando se separaron, él se negó a salir del contrato de la hipoteca y, desde entonces, Rodríguez debe avisar al director del banco cuando hace el ingreso mensual para que no se lo embarguen por las deudas que él va acumulando. Es otra forma de maltrato, más invisible, pero igual de dañina y con el objetivo de perpetuar la violencia.
"Mi maltratador era un ludópata y un alcohólico y me dejó sin un duro. Se gastó todos mis ahorros cuando nos separamos, por lo menos tuve la suerte de tener mi trabajo", cuenta la mujer a 20minutos, que pese a los años que han pasado desde su separación, todavía prefiere mantener el anonimato para ahorrarse más castigos. No solo se quedó con las deudas, sino que tampoco le paga la pensión que le debe por la custodia de su hija, que ahora tiene 14 años. "Paga cuando quiere y, cuando no le apetece, pues no lo hace y te ingresa 50 euros a los dos meses para que conste voluntad de pago", dice indignada.
Como ella, se calcula que hay unos 2,3 millones de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia económica a lo largo de su vida, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019. En torno a un 11,5% de las mayores de 16 años han sido víctimas de la que es la tercera manifestación más frecuente de la violencia de género, solo superada por la emocional y la psicológica de control. De ahí que hace unas pocas semanas, todos los partidos salvo Vox hayan acordado introducir en el nuevo Pacto contra la Violencia de Género una batería de medidas específicas para abordar este asunto y tipificar como delito "todas aquellas conductas que tengan por finalidad limitar la autonomía e independencia económica de las mujeres".
Se incluye aquí el impago de las pensiones por los hijos u otras prestaciones, pero también el "sabotaje laboral" (impedir que trabaje u obstaculizar ascenso), el control económico, o la explotación económica (cuando el agresor se apropia o destruye intencionalmente los recursos económicos o el crédito de la víctima).
"Si ya teniendo hijos no te puedes desvincular totalmente, pues encima, si hay un bien del que se niega a despojarse para seguir teniendo control sobre ti, ya es imposible. Yo he tenido que abrirme otra cuenta porque en la que está él con la hipoteca no puedo tener dinero. A mí se me han comido mensualidades enteras de la hipoteca porque debe más de 6.000 euros en multas y me lo descuentan de ahí", relata.
"Estrangulamiento económico"
Lucía Avilés, magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó en 2021 una iniciativa legislativa judicial para tipificar en el Código Penal la violencia económica contra las mujeres. "Fue a raíz de un caso que conocí en el juzgado, un delito de impago de pensiones en el que aprecié que se estaba produciendo en un contexto de violencia, que había quedado invisibilizado bajo el maquillaje de un divorcio de mutuo acuerdo que omitía que él había sido condenado dos veces por haber atentado contra la integridad física de ella", cuenta a este periódico.
Es algo, de hecho, frecuente. La dependencia económica dificulta la salida de la violencia de muchas mujeres maltratadas y las encarcela en esa situación de la que no ven una posible huida. Según el citado estudio, un 91,2% de las mujeres víctimas de violencia económica ha sufrido violencia psicológica de control, un 87,1% violencia psicológica emocional, un 57,9% violencia física y un 48,2% violencia sexual. Se trata, según define la jurista, de una situación de "estrangulamiento económico" que somete a la víctima a una dependencia completa a su agresor.
"Es una forma de violencia de género y de violencia vicaria, ya que la privación de recursos económicos no incide solamente en la capacidad económica en la posibilidad de sustentar a los hijos, sino que esa carencia supondrá una afectación a otros bienes públicos, como pueden ser la salud, la vivienda, la comida, la ropa, la escolarización, el tratamiento médico o un simple aparato para los hijos", detalla.
Tiene, además, la particularidad de que es una violencia que se puede seguir causando desde la distancia e incluso después de haber cortado lazos con el agresor. "Al final se entrecruza lo que es la precariedad económica, que ya de por sí afecta más a las mujeres, con esta precariedad añadida y generada deliberadamente por el victimario por causale la dependencia económica. Va más allá de la mera afectación, con lo cual considero que tendría que incluirse el daño adicional que se ha creado, el psicológico el social...", defiende Avilés.
"Una deuda histórica"
Que el nuevo Pacto de Estado pida reconocer esta práctica como una violencia de género más es, para la vocal del CGPJ, un cambio importante, en tanto en cuanto eso significaría que se equipare a una víctima de maltrato, con todo lo que ello conlleva (tramitación de los procedimientos, ayudas, tratamiento y reparación de la víctima, etc.).
Este reconocimiento es, para la magistrada, "una deuda histórica con muchas mujeres de este país", que marca el relato de muchas víctimas de violencia de género. "Esto ha sido un nido de abuso económico hacia muchas mujeres que seguro que conocemos. Y esto produce un efecto muy importante de identificación, porque a partir de nombrar y etiquetar una realidad, los profesionales han empezado a tener interés, a formarse, y eso quiere decir que no solamente son las víctimas las que se han identificado, sino que hay profesionales dispuestos a acompañarlas en ese recorrido", zanja Avilés.
