Junts interpreta que el acuerdo alcanzado con el PSOE para la delegación de algunas de las competencias en materia de inmigración facultaría a la Generalitat de Cataluña, si finalmente fuera aprobado en el Congreso, a modificar los requisitos para la concesión del permiso de residencia a los extranjeros. Y el partido que lidera Carles Puigdemont aspira a hacer uso de esa competencia si vuelve al Gobierno autonómico para establecer una nueva condición: la obligatoriedad de saber catalán para obtener en Cataluña este permiso. Así lo confirman fuentes de Junts, que no obstante admiten que, hoy por hoy, no controlan suficientes votos en el Parlament para sacar adelante esa medida.
Estas fuentes explican que uno de los objetivos de la formación con la delegación de las competencias sobre inmigración es que, cuando Junts gobierne, se establezca un sistema de concesión de permisos de residencia basado en la máxima de que "si no hay catalán, no se van a dar los papeles". "Si no conoces la lengua del territorio donde quieres integrarte, no hay integración plena", considera la dirección de la formación liderada por Puigdemont, que asegura que la ley de extranjería y la legislación europea permite establecer como requisito el manejo del idioma a quien ostente las competencias sobre inmigración.
"Este es un planteamiento nuestro", admiten sin embargo las fuentes de Junts consultadas, que reconocen que, sin mayoría en el Parlament y sin el control de la Generalitat, ahora mismo tienen complicado establecer este requisito como obligatorio para la consecución del permiso de residencia. No obstante, insisten en que la delegación competencial pactada con el PSOE "entrega la herramienta" a Cataluña para poner en marcha esta medida. E insisten en que su "objetivo" es que, lo antes posible, se haga efectiva.
El articulado de la proposición de ley registrada este martes por PSOE y Junts no recoge en ningún punto esta medida. No obstante, en la exposición de motivos, ambos partidos dejan caer que, "con la petición para asumir de manera integral la delegación de competencias, Cataluña apuesta por un modelo de gestión basado en el establecimiento de una serie de derechos inclusivos, pero también de unos deberes claros, tanto por parte de las personas que llegan a nuestra tierra como por parte de la sociedad catalana que los acoge". Y señalan que dicho "marco de derechos y deberes" debe ser la base para la "integración" de los inmigrantes, que debe hacerse con "respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales" de Cataluña.
Eso no significa, no obstante, que la Generalitat vaya a comenzar a entregar permisos de residencia diferenciados a los del resto de España, según admiten las fuentes de Junts consultadas. Eso implica dos cosas. La primera de ellas es que cualquier persona que obtuviera los papeles en Cataluña podría pasar a residir en el resto de España en cualquier momento si necesidad de obtener un nuevo permiso. Y la segunda es que, aunque en Cataluña se exigiera el catalán para conseguir los papeles, las autoridades catalanas no podrían denegar la residencia a ningún extranjero que fuera a vivir a esa comunidad tras haber adquirido el permiso en otra autonomía, aunque no conozca el idioma.
Las fuentes de Junts consultadas también sostienen que el pacto con el PSOE para la delegación de las competencias a Cataluña, si el Congreso lo termina aprobando, permitiría a la Generalitat decidir sobre la expulsión de inmigrantes que no tengan delitos penales. Para quien sí esté condenado por este tipo de delitos, seguiría siendo el Estado central el que decidiera sobre la deportación, aunque la Generalitat podría proponer formalmente el cierre de los expedientes. Y la expulsión del territorio nacional se ejecutaría en todos los casos con medios estatales, puesto que la Generalitat seguiría sin tener la capacidad de fletar un avión para expatriar extranjeros de España.
