La generación de electricidad es un círculo que requiere de que los productores tengan garantizada su inversión mediante la venta de su producto durante un periodo suficientemente largo, de 10, 12 ó 25 años. Ocurre así con la energía renovable como la fotovoltaica y la eólica, pero también con la electricidad que viene del 'descarte' de los procesos térmicos a partir de gas en la industria. Existen los contratos privados de compra, pero también las subastas reguladas que organiza el Ministerio de Transición Ecológica y que, ante la inminencia de la salida de Teresa Ribera, acusan retrasos de años en la convocatoria para diferentes tecnologías que dejan sin asegurar la compra de al menos 8.300 megavatios de electricidad, equivalente a un 3,3% del consumo eléctrico nacional al año.
En las subastas públicas de energía, el Ministerio fija el precio máximo al que los productores podrán poner su electricidad y al que pujarán quienes quieran comprarla durante un periodo determinado, que suele ser por lo menos de una década, precisamente para dar seguridad a las inversiones. Este sistema afecta a distintas fuentes de generación, que acusan por igual los retrasos.
Así, desde 2022 no se ha celebrado ninguna subasta de energía fotovoltaica y eólica, para las que estaba previsto un concurso anual de 1.800 y 1.500 MW anuales respectivamente que no se ha celebrado en los dos últimos años. Por otra parte, de momento tampoco hay previsiones de cuándo se celebrará la primera subasta de energía eólica, que el sector considera especialmente importante para dar una señal de precio a un terreno nuevo en España, donde, sin embargo, en 2030 debería haber una potencia instalada de 3.000 MW.
Según fuentes del sector renovable, otra tecnología poco implantada que necesitaría especialmente la seguridad que da una subasta regulada es el del almacenamiento de electricidad -por ejemplo, en una planta solar para que no se pierda cuando haya exceso de demanda y pueda volcarse en la red cuando supere a la oferta-. En este caso, la estrategia de energía y clima del Gobierno prevé que en 2030 haya una potencia instalada de 22.500 MW, pero tampoco aquí hay de momento pistas sobre cuándo será la primera subasta que pueda dar garantías a los inversores.
Dos años sin subastas y el impulso necesario
"Retraso conforme al calendario del Ministerio sí que hay, porque las últimas fueron en 2022 y ha pasado todo 2023 y lo que llevamos de 2024", explica un experto del sector de las energías renovables que, sin embargo, no tiene tan claro que "se echen de menos", a la vista del fracaso de la de 2022, cuando Transición Ecológica solo logró adjudicar 45 de los 3.300 megavatios, entre fotovoltaica y eólica. En aquella ocasión, el sector criticó el bajo precio que había fijado el Ministerio, que se une en la actualidad a los muchos contratos privados de venta (PPAs, por sus siglas en inglés) que hacen de España el país líder en comercializar así la electricidad a largo plazo y que la demanda eléctrica sigue sin estar en las cotas deseadas.
Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) no solo pide las subastas por los 1.800 MW anuales del calendario del Ministerio, sino por mucho más, para que puedan participar los proyectos "más maduros" de los
25.100 MW de fotovoltaica que suman en total los casi 300 proyectos renovables -también de eólica- que este año obtuvieron la autorización para empezar a construir, tras pasar en enero del año pasado por el agónico trámite de la declaración de impacto ambiental. En términos generales, la UNEF no tiene información sobre cuándo se hará la próxima subasta de fotovoltaica ni tampoco sobre cómo se ponderará el criterios relacionados con la industria local en la composición de los parques que pide la UE.
Si bien electricidad que generan las plantas fotovoltaicas y eólicas tiene una salida más fácil en el mercado por medio de contratos privados de compra, hay otras tecnologías menos experimentadas, al menos en España, para las que tener el respaldo que supone una subasta regulada con un precio garantizado durante años es clave. Por ejemplo, para eólica marina, que el sector espera como agua de mayo después de que hace unas semanas el Gobierno aprobara por fin el primer decreto que ordena esta actividad y del que deben derivar las ordenes ministeriales concretas de las subastas, que el sector eólico insiste en que debería celebrarse, a más tardar, el año que viene.
"Si hubiera que subastar algo, quizá sería necesaria una subasta para almacenamiento porque el mercado no está dando señales para retribuir el almacenamiento", apunta José María González Moya, director general de APPA Renovables, la principal asociación de empresas de este sector, en una petición a la que también se suma UNEF. Asimismo, a González Moya también le gustaría ver pronto subastas de biomasa, después de la última en 2022. "Sería una buena cosa, para nuevas instalaciones y para instalaciones existentes".
Promesas a la industria
Uno de los bloqueos más duraderos en el tiempo y que da muestra también la actitud del Ministerio no tiene que ver con la electricidad de fuente renovable sino con la que se produce en la generación de la energía térmica que utiliza la llamada industria de cogeneración. Los sectores de la metalurgia, la petroquímica, del papel, la cerámica, el textil o el alimentario, papelero, cerámico o el textil utilizan gas natural para sus procesos térmicos pero en ellos también se genera electricidad que no utilizan en su totalidad y cuya venta sirve para cuadrar sus cuentas. De hecho, hace uno meses, ACOGEN advertía de hay más de 100 empresas que ya han agotado el plazo de retribución por la venta esta electricidad y que corren el riesgo de tener que cerrar o deslocalizarse a otros países si no se les concede una prórroga de dos años que, denuncian, está empantanada desde hace meses en el Congreso. La extensión de su retribución les permitiría 'enganchar' con la subasta que el sector espera como agua de mayo, para todas las industrias "sin excepción", para como el resto tener asegurado durante otros 25 años el pago por la electricidad que no utilizan y vuelcan al sistema.
"Ahora hay que iniciar un ciclo de inversión, de subastas por 1.200 MW que esperan más de 200 industrias para impulsar, y en muchos casos recuperar, la competitividad y dirigir sus plantas a un futuro de descarbonización con biogases, hidrógeno u otras tecnologías", reclamó hace unos días Rubén Hernando, presidente de la asociación de industrias de generación, ACOGEN, después de que antes del verano el Gobierno aprobara el también tan esperado nuevo marco de retribución. "El sector las necesita de manera acuciante y la crisis energética ha retraso estas subastas desde hace ya tres años".
Según dijo, es "el momento de invertir, de convocar estas subastas, calculamos que más de 800 millones se van a destinar a las mismas", añadió Hernando durante la inauguración del XX congreso anual de este sector, delante del director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio de Transición Ecológica, Víctor Marcos, que explicó que el retraso desde la subasta prevista para 2021 se debió a que la crisis energética alteró e hizo replantear el cálculo de los costes para crear un nuevo marco de retribución, que se aprobó en junio y con el que ya solo sería necesario convocar la subasta.
En este punto, Marcos aprovechó su intervención para anunciar el lanzamiento de una "consulta pública previa" para recoger las aportaciones de las partes interesadas sobre los elementos que debería recoger el real decreto que debería hacerse posteriormente. Más que como una buena noticia, fue acogida por lo general como una manera de seguir postergándola. Una prominente fuente del sector energético calculaba que este paso no permitirá que haya una subasta hasta el segundo o tercer trimestre de 2025 e ironizaba con que el hecho de que la consulta pública previa era el movimiento de menor compromiso posible de los que podría haber optado el Ministerio para intentar rebajar las urgencias del sector de la cogeneración.
En la esfera política tampoco 'coló'. "No solo no estamos en el marco de la subasta, ni en la consulta pública, sino en la consulta previa, en el paso anterior", resaltó el portavoz parlamentario de energía del PP, Juan Diego Quesada. "De nuevo, un anuncio que luego no aterriza en el tiempo", criticó su homóloga de Junts, Pilar Calvo.
