El Gobierno está preparando un decreto para reforzar la atención a menores tutelados en centros y pisos de acogida. Se trata de una iniciativa en la que ya venía trabajando el Ministerio de Juventud e Infancia y cuya tramitación se ha acelerado tras el asesinato de una educadora social a manos de tres menores residentes en un piso tutelado en Badajoz. El objetivo, según precisan fuentes del departamento que dirige Sira Rego, es acabar con los "macrocentros" estableciendo unos estándares mínimos en cuanto al número de niños y de trabajadores.
La iniciativa —que por tratarse de un real decreto no de ley no tendrá que ser validada en el Congreso— fija unas "normas de calidad mínimas" en los centros de protección de menores (en cuanto a estructura física, emplazamiento y equipamiento), en la gestión, organización inspección, así como en la situación laboral de los empleados. "Blinda los derechos de la infancia en el sistema de protección, y también de los empleados que trabajan en los centros residenciales", destacan en el Ministerio de Juventud e Infancia.
En esa línea, detallan las mismas fuentes, la norma "blindará el marco derechos laborales de los trabajadores, además de su formación" y "busca que no haya educadores solos". Algo que, según subrayan, acabará repercutiendo en una mejora de la situación de los cerca de 50.000 niños y adolescentes que se encuentran actualmente en los sistemas de acogida residenciales (23.000) y familiares (26.000).
La semana que viene ya habrá listo un primer borrador, con la vista puesta en tener el decreto aprobado ya en aproximadamente un mes. "Llevábamos meses preparando esto", aseguran en el ministerio de Sira Rego.
Acabar con los "macrocentros"
El documento establece también "mecanismos de control" para las inspecciones de las comunidades autónomas, que tendrán la obligación de informar al Ministerio de Juventud e Infancia del resultado de cada control que lleven a cabo y, si se demuestra que incumple la normativa, el Gobierno tendrá "capacidad sancionadora".
En definitiva, el camino que toma el Ejecutivo para reforzar la atención de los menores tutelados es la de acabar con los "macrocentros" y establecer unas ratios determinadas de niños por trabajador, unificadas en todo el país para que no haya 17 modelos diferentes. "Queremos que se apueste más por centros pequeños o viviendas en lugar de grandes centros", insisten desde el ministerio, que también detalla que se impulsará un "itinerario formativo hacia la vida adulta" para los menores .
