El Gobierno presenta este martes su plan económico para afrontar la catástrofe humanitaria que ha supuesto la DANA histórica que ha asolado decenas de municipios valencianos. El Consejo de Ministros dará luz verde a un paquete de medidas elaboradas por diferentes ministerios, entre las que se incluyen un "escudo laboral"; barra libre para los gastos urgentes a la Generalitat Valenciana y en el que se declarará también la zona como "gravemente afectada" para canalizar las ayudas a la reconstrucción.
Fuentes gubernamentales trasladan que estos serán los principales componentes del plan de respuesta a la DANA, cuyo contenido detallado se revelará este martes. Un paquete que aplica fórmulas que el Gobierno ya ha desplegado para responder a crisis como la pandemia o la invasión rusa de Ucrania. Por el momento se sabe que el apartado laboral se aprobará como real decreto ley, pero se desconoce si el paquete en su conjunto irá en una misma norma, como ya ocurrió en las dos crisis anteriores.
Hasta ahora, la información más detallada que se conoce es sobre las medidas laborales, que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, desgranó el lunes en una declaración institucional. En el apartado laboral, se desplegarán ERTE por motivo de fuerza mayor en las empresas afectadas. Una medida que permitirá suspender el empleo o reducir la jornada al trabajador, pero siempre manteniendo el puesto de trabajo. Las compañías no tendrán que hacer frente a las cotizaciones sociales, que correrán a cuenta del Estado, y los empleados afectados no gastarán meses de paro mientras estén en ERTE.
El ministerio también prohibirá los despidos ante ausencias justificadas al trabajo motivadas por la DANA. Entre los casos por los que no se podrán adoptar represalias se incluye la imposibilidad de desplazarse para acudir al centro de trabajo (solo si el teletrabajo es imposible); tener familiares fallecidos o desaparecidos; haber perdido la vivienda, vehículo o enseres o tener que cuidar de familiares afectados por el cierre de colegios, residencias y otros servicios públicos. Para estas situaciones, se concederán permisos retribuidos en los que no habrá que recuperar las horas.
Además, el teletrabajo pasará a ser prioritario, se podrá reducir la jornada para cuidar y se ofrecerá bonificaciones a las empresas afectadas. Los autónomos podrán acceder a la prestación por cese de servicio (el conocido como 'paro del autónomo) sin necesidad de haber cotizado. Todas estas medidas se aplicarán de forma retroactiva al 29 de octubre (el día en que se produjeron las inundaciones) y tendrán un alcance más allá de los municipios afectados, precisó la vicepresidenta.
Fiscal
En el ámbito fiscal, el Gobierno ha deslizado por el momento dos grandes actuaciones. La primera es que Hacienda autorizará a la Generalitat Valenciana a realizar todos los gastos urgentes que necesite sin límite alguno de recursos. El departamento que dirige María Jesús Montero permitirá que la Comunidad Valenciana incumpla los objetivos de déficit para 2024, como adelantó El País.
Además, el ministerio que encabeza Montero anunció el lunes que se aplazará el cobro del segundo pago de la declaración de la renta para todos los contribuyentes de la provincia de Valencia. Una medida que beneficiará a unos 200.000 declarantes, pero que no implica una condonación de la cuota. Solo podrán acogerse a ella los contribuyentes con declaraciones a ingresar y que hayan fragmentado en dos plazos el pago.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía trabaja con el Consorcio de Compensación de Seguros para atender las decenas de miles de reclamaciones por los daños que causó la DANA. Los últimos datos que ha comunicado el Gobierno hablan de 46.000 solicitudes presentadas, de las cuales el 40% ya se está tramitando. Tal y como anunció el ministro Carlos Cuerpo el domingo, los primeros pagos empezarán a llegar a partir de la semana que viene.
Zona gravemente afectada
Además, el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona gravemente afectada para las localidades golpeadas por la DANA. Este mecanismo es el que empleará el Gobierno para canalizar las ayudas a la reconstrucción de los municipios. El Gobierno y la Generalitat han cifrado de forma preliminar en 2.600 millones de euros los daños provocados por la DANA sobre las infraestructuras, según recoge Europa Press.
La declaración de zona gravemente afectada agiliza la gestión económica de la tragedia. El mecanismo está diseñado para que los ayuntamientos, particulares y empresas puedan acceder a ayudas económicas o a líneas de crédito proporcionadas por el ICO. Además, también permite aplicar exenciones fiscales en impuestos municipales como el IBI o el Impuesto sobe Actividades Económicas.
En el ámbito laboral, la declaración de zona gravemente afectada reconoce como "causa de fuerza mayor" la extinción o suspensión de los contratos de trabajo o las reducciones de jornada que se apliquen con motivo de la catástrofe. Además, el mecanismo habilita a las empresas y los autónomos puedan acogerse a moratorias en el pago de las cotizaciones sociales.
La afectación económica es grande. Un primer informe publicado por la Cámara de Comercio de Valencia el pasado sábado calcula que más de 54.000 empresas y 354.000 trabajadores (un tercio de todos los afiliados a la Seguridad Social en la provincia) se han visto afectados por la DANA.
