El radón, un gas radiactivo y altamente cancerígeno, representa un peligro para uno de cada cinco trabajadores en las zonas de alto riesgo en España, según Molins, empresa de construcción sostenible, que se basa en un estudio reciente de investigadores españoles. Esta situación preocupa en uno de cada tres municipios del país, especialmente en Galicia, con más del 70% de su territorio en alerta, en Extremadura (47%) y Madrid (36%).
De dónde procede el gas radón
Este gas, proveniente de la desintegración del uranio, se encuentra en la corteza terrestre y puede filtrarse en los edificios a través del terreno poroso. Según el Centro de Seguridad Nuclear (CSN), más del 10% de estos edificios presentan niveles alarmantes o superiores al límite permitido por estándares internacionales.
Qué viviendas tienen más riesgo
Las personas que trabajan o viven en plantas bajas o primeras están expuestas a concentraciones de radón tres veces más altas. Aunque el riesgo disminuye en un 20% por planta, el radón también puede estar presente en pisos superiores debido a los materiales de construcción, el agua y el efecto chimenea. Las viviendas con sótano, casas antiguas con más de 100 años o aquellas con deficiencias constructivas tienen más probabilidades de tener altas concentraciones de radón, generalmente por un peor aislamiento del terreno. Algunos de estos lugares pueden presentar índices incluso superiores a otros ya regulados, como cuevas, galerías y minas subterráneas.
El 30% de los edificios culturales supera los niveles permitidos de radón
Los efectos nocivos del radón no afectan por igual a todos los lugares. Según estudios recientes, las propiedades públicas, especialmente en edificaciones históricas, tienen más grietas en los cimientos o un aislamiento deficiente del suelo, presentando mayores riesgos. Uno de cada cinco edificios públicos en zonas de riesgo excede el nivel máximo de concentración de radón, establecido en 300 becquerelios por metro cúbico.
En el sector laboral, tres de cada diez edificios culturales, como bibliotecas y museos, superan los niveles máximos permitidos de gas radón. Esta situación también afecta a uno de cada cuatro centros educativos y uno de cada cinco edificios públicos. En general, estas cifras son seis veces más altas que en oficinas bancarias. Las utilities de servicios como electricidad, gas y agua superan en 5,7 veces los niveles del sector financiero.
Concienciación y medidas contra el radón
Desde junio de este año 2024, es obligatorio realizar mediciones de radón en todos los puestos de trabajo situados en plantas bajas y sótanos en municipios de riesgo. Estas mediciones deben ser realizadas por laboratorios acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). También es necesario medir en puestos de trabajo específicos como minas, manipulación de aguas y el sector extractivo.
Además, por mandato europeo, existe un Plan Nacional contra el Radón que delimita las acciones que las Administraciones Públicas deben llevar a cabo en los próximos cinco años para abordar esta emergencia nacional. El CSN y el Ministerio de Trabajo han firmado un convenio para la vigilancia de riesgos por radón en el ámbito laboral.
Alrededor de 1.500 muertes anuales en España
El gas radón es responsable de alrededor de 1.500 muertes anuales en España, una cifra similar a la de los accidentes de tráfico en los últimos años, según la DGT. Es responsable del 4% de las muertes por cáncer de pulmón a nivel nacional, aumentando al 7% en las comunidades autónomas más afectadas. Sin embargo, la concienciación y visibilidad de estos problemas son aún insuficientes.
Jornada de concienciación
En respuesta a este desafío, Molins ha organizado la jornada "Gas radón: La amenaza silenciosa que desafía salud e infraestructuras". Celebrada en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, esta jornada ha abordado el problema del gas radón desde un enfoque transversal, buscando soluciones conjuntas entre el ámbito académico, el sector público y la empresa privada. Molins ya cuenta con soluciones innovadoras para implementar la protección necesaria de manera eficaz y económica, tanto en obra nueva como en la rehabilitación de edificaciones.
