Felipe VI lo dijo tras su tensa visita a Paiporta asumiendo la indignación de los vecinos: “Hay que garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente”. No debería ser preciso recordarlo. Si el Estado, en toda plenitud y extensión de sus facultades, hubiera estado desplegado en tiempo y forma en las zonas afectadas por la trágica DANA no sabemos cuántas personas podrían haberse salvado pero, al menos, las víctimas que viven sus terribles consecuencias se sentirían arropadas y con la esperanza de que en la reconstrucción de su incierto futuro cuentan con el apoyo económico, sanitario y moral del sistema público de su país.
Esto es lo que no puede fallar a los ciudadanos corrientes que pagan sus impuestos y confían en que si sucede una catástrofe cuentan con una red de protección a la que agarrarse. Lo vimos durante la pandemia: confinamientos, vacunaciones masivas y ERTEs, todo sustentado con dinero público, salvaron vidas y nos permitieron salir adelante. En aquellos convulsos meses se empezó a utilizar el término cogobernanza que en estos días de torrencial pesadilla debería volver a conjugarse.
Nuestro Estado es autonómico y está organizado por una cadena de jerarquías de mando y competencias muy bien tasadas por la ley. El barro que colapsa las calles de los municipios afectados no puede inundar también la toma de decisiones políticas ni la asunción de responsabilidades. Las contradicciones en que está incurriendo el presidente valenciano, Carlos Mazón, ayudan poco a restablecer la necesaria confianza en las instituciones. Al igual que la espuria utilización de la indignación social por grupos ultras cuyo único objetivo es extender el caos para campar a sus anchas.
La ola de voluntarios y solidaridad que ha llegado estos días a Valencia solo puede complementar el imprescindible despliegue público de seguridad, suministros, limpieza y reconstrucción. UME, bomberos, policía, sanitarios… forman parte de nuestro Estado. También quienes les dan las órdenes y coordinan. Pero hay que estar todos a una.
