El Defensor del Pueblo ha emitido este lunes una serie de recomendaciones para luchar contra la violencia vicaria en España. En un informe registrado en las Cortes con motivo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, este 25-N, Ángel Gabilondo pide, entre otras cosas, aplicar criterios más estrictos en los procesos de custodia, incrementar la coordinación entre juzgados y mejorar los sistemas de prevención y detección de riesgos.
El informe de casi un centenar de páginas señala seis líneas de actuación y expone 19 recomendaciones dirigidas a la Secretaria de Estado de Igualdad; la de Juventud e Infancia; la de Servicios Sociales; la de Justicia; al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y a las comunidades autónomas, para combatir esta forma de violencia machista que consiste en hacer el máximo daño a una mujer agrediendo e incluso asesinando a sus hijos. "Es una forma absoluta y cruel de ejercer poder, de crear mayor dominio, de pretender la máxima sumisión e indefensión", subraya Gabilondo.
El documento llega, además, a pocas semanas de terminar un año en el que se ha registrado la peor cifra de crímenes vicarios desde que hay registros: diez menores han sido asesinados a manos de sus padres en lo que llevamos de 2024; 63 desde que se empezaron a recopilar estos datos en 2013. Además, en julio de 2024, el Ministerio del Interior tenía identificados 1.643 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria en el sistema VioGén, de los cuales 210 se encontraban en situaciones de riesgo extremo o alto.
Custodia y regímenes de visitas
Una de las modificaciones que plantea Gabilondo es establecer criterios más estrictos en los procesos de custodia para evitar que los padres agresores tengan regímenes de visitas sin ninguna supervisión, sobre todo en casos en los que haya antecedentes por violencia de género. En este sentido, el informe incide en la necesidad de garantizar que estos regímenes se produzcan solo cuando la seguridad del menor o de su madre no estén en riesgo, y subraya la urgencia de "fomentar un conocimiento suficiente del contexto familiar en su conjunto antes de adoptar las decisiones judiciales definitivas". Hace hincapié también en los procedimientos de mutuo acuerdo, en los que la violencia puede "pasar desapercibida", para que se conozca si de la existencia de medidas cautelares o cualquier procedimiento relacionado con la violencia de género.
Para ello, el Defensor del Pueblo insiste en mejorar la comunicación y la coordinación entre juzgados, con el fin de evitar la "dispersión de juzgados" que sostiene que existe actualmente y que, apunta, dificulta un "adecuado conocimiento de la realidad y de la panorámica de la situación familiar".
"Indicadores específicos" para detectar el riesgo
Uno de los "principales problemas" señalados por Gabilondo en relación con la violencia vicaria es, precisamente, la dificultad de detectar estos casos. Defiende, por esta razón, garantizar una respuesta "altamente cualificada" y una "especialización de todos los profesionales" encargados de la atención de los menores víctimas de este tipo de agresiones machistas.
En ese contexto, pide facilitar los mecanismos de denuncia de los propios menores, y reforzar los sistemas de valoración del riesgo, incluyendo "indicadores específicos", como que existan denuncias previas de violencia contra la madre, una intervención de los servicios sociales en situaciones de conflicto familiar, el alcoholismo o la drogadicción, la posesión de armas, el carácter violento del padre o incidencias previas en el cumplimiento del régimen de visitas.
El informe recuerda que la ley de protección a la infancia, aprobada en 2021, solicita la creación de un Registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia que el Defensor del Pueblo urge a poner en marcha. "Su puesta en funcionamiento permitirá obtener un conocimiento un poco más preciso de la situación de la violencia contra la infancia, el tipo de violencia ejercida y las personas agresoras", defiende Gabilondo.
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