Miles de localidades por toda España llevan años escapando a las leyes estatales y autonómicas que hace más de una década empezaron a prohibir edificar en zonas de alto riesgo de inundación debido a que sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) datan de mucho antes y no están sujetos a las nuevas normas. Diversos expertos señalan que uno de los grandes problemas que ha evidenciado la DANA de Valencia es la existencia de edificaciones en zonas inundables que no están obligadas por estas prohibiciones y restricciones actuales porque se levantaron antes de que existieran, así como el resquicio legal que permite que los promotores sigan construyendo en zonas inundables con ciertas condiciones. Piden cambios legales para obligar a los alcaldes a actualizar los PGOU y que, de esa manera, se pueda aplicar una prohibición de construir que no se está respetando.
"Cuando una zona tiene alto riesgo [de inundación], no se puede urbanizar directamente. En otras, en función del riesgo que tenga, se le puede poner algunas trabas o exigencias a la urbanización", explica el catedrático Análisis Geográfico Regional y profesor de Ordenación del Territorio en la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, que como otros expertos consultados por este periódico considera la legislación actual insuficiente. "El problema es que en España tenemos muchísimo construido desde los años 60 hasta que se aprobó la ley de 2008", añade, de cuando no existían ni mapas de riesgo de inundación ni restricciones legales. Están en línea con PGOU que no se han actualizado desde hace décadas, que siguen amparando a los promotores para hacer obra nueva a día de hoy y que quedan fuera de las obligaciones vigentes hoy en día.
"Hay que ser taxativo. Habría que modificar la Ley del Suelo para obligar a que todos los PGOU tuvieran que revisarse cada 12 años como máximo. Muchos municipios tienen planes de los años 70 y 80 y habría que incluir un artículo que obligara a que en los próximos cinco años a que todos los planes empiecen la década de los 30 [del siglo XXI] actualizados, especialmente en el Mediterráneo", afirma Olcina.
Una ley más contundente y con menos excepciones, como también desearía la experta en Derecho urbanístico y planificación urbana de la Universidad de Valencia María Jesús Romero, podría minimizar el riesgo para el "más de un millón de personas" que, según un reciente estudio del Observatorio de la Sostenibilidad, viven en España en zonas de riesgo medio por inundación, además sin ser consciente de ello. Este documento comparte uno de los autores con otro que publicó en 2020 el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, que ya reclamaba la "limitación urgente y necesaria de las concesiones de edificación en áreas consideradas de riesgo, así como la recalificación de estos terrenos a categorías que no permitieran su edificación". Si Romero no se atreve a "poner la mano en el fuego" por los todos ayuntamientos, aunque "se debería cumplir" la ley, Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad, asegura directamente que "los mapas de zonas inundables no se aplican", que "los promotores no hacen ni caso" y "los alcaldes, si los conocen, se hacen los locos".
Prohibiciones laxas, con excepciones y con lagunas
Según la ley, no se puede edificar en zonas de riesgo más alto de inundación -identificadas en los mapas que ya elaboran Gobierno central y autonómicos- y con condiciones en otras donde el peligro no es tan grande. En la práctica, la ley deja resquicios para seguir construyendo, particularmente en localidades donde una buena parte de su terreno es inundable y no tienen posibilidades de desviar las edificaciones a zonas más seguras, hasta el punto de que se obliga a que los promotores firmen una "declaración responsable" para dejar constancia del riesgo en un documento que va al Registro de la Propiedad. "Es muy difícil armonizar la presión y necesidad de suelo que tienen mucho municipios con la preservación de las zonas inundables de la edificación. Hay muchos municipios que casi en totalidad son inundables", explica Romero, que cree que hacen falta medidas "más contundentes" para garantizar la seguridad de las personas y los negocios.
A nivel estatal, en 2008 se aprobó la actual Ley de Suelo que ya incorporaba mapas de inundaciones y "preservaba" de la edificación terrenos que estuvieran bajo algunas circunstancias, incluidos "los riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación". Otra ley estatal de 2016, sobre Dominio Público Hidráulico, limitaba la construcción en las llamadas "zonas de flujo preferente", con riesgo de avenidas de agua con "graves daños para personas y bienes", aunque no la prohibía, por lo que obligaba a que todas las actuaciones en estas áreas contaran con "una declaración responsable" en la que el promotor debería dejar constancia del riesgo en un documento que debería constar en el Registro de la Propiedad.
A nivel autonómico, por ejemplo la Comunitat Valenciana aprobó su primera ley restrictiva de la construcción en zonas de riesgo de inundación en 2003 y la actualizó en 2005. En las zonas del nivel de más riesgo de los seis identificados, estaría prohibido construir. En las demás se fijan obligaciones, desde prohibir construir sótanos o garajes, que estén aislados de resto de la casa o que dispongan de una vía de emergencia directamente a la azotea, hasta obligar a construir a partir de una determinada altura. El cumplimiento de esta última pauta es lo que permitió, por ejemplo, que el pasado 29 de octubre un establecimiento de una conocida multinacional de muebles de Alfafar se convirtiera en refugio de decenas de personas sorprendidas por las riadas. Sin embargo, la misma administración encargada de velar por el cumplimiento de esta ley es la que puede modificarla, por ejemplo, para recortar de 500 a 200 metros la distancia a la orilla en la que en la Comunitat valenciana se puede construir hoteles, tal y como pactaron antes de la DANA PP y Vox allí.
"El problema que tenemos es que [las leyes] no se aplican con efectos retroactivos", lamenta Romero sobre normas que datan apenas de la década pasada. Apunta también el "problema añadido" de las urbanizaciones ilegales, en muchas ocasiones con orden de demolición que no se ejecutan porque son medidas "muy impopulares para los alcaldes". "Nuestros planes de ordenación vigentes son muy antiguos, me atrevería a decir que más del 85% son de final de los años 80 y 90 y no están adaptados", dice la experta sobre lo que ocurre en la Comunitat Valenciana. La no actualización de los planes de ordenación urbanística no solo hace inaplicable la prohibición de construir sino que empondera a los promotores para seguir haciendo obra nueva con las reglas antiguas, apelando en caso contrario al "lucro cesante" y reclamando por ello indemnizaciones, según denuncia Olcina, que cree que con una renovación obligatoria se acabaría esta situación.
Planes obsoletos y un millón de personas en riesgo
En efecto, un vistazo al fichero de la Generalitat sobre el año de aprobación de los PGOU en las distintas localidades permite ver sin dificultades que las décadas de los años 80 y 90, e incluso de los 70, son las más frecuentes como fecha de entrada en vigor de los PGOU. Por ejemplo, el del Paiporta se aprobó en 1998; el de Alfafar, en 1992; el de Massanassa, en 1991, o el de Chiva, en 1983, por citar algunos municipios especialmente afectados por la DANA.
Los planes obsoletos no son solo de la Comunitat Valenciana, sino que es un panorama mucho más general. Por ejemplo, hasta este mismo año Madrid Madrid actualizó definitivamente el suyo, que databa de 1997. O los 26 municipios del Área Metropolitana de Barcelona, que empezaron hacerlo en 2001 para actualizar planes de 1976.
La necesidad de hacerlo para estar sometidos a las leyes actuales queda patente con el estudio que difundió este jueves el Observatorio de la Sostenibilidad, según el cual más de un millón de personas que vive en zonas de riesgo medio de inundación no se concentra solo ni mucho menos solo en la provincia de Valencia ni el arco mediterráneo. El territorio con más riesgo es Murcia, donde unas 320.000 personas viven en una zona con riesgo de inundación en un periodo de 100 años. Le sigue Cataluña con 161.000 habitantes y de ellos 97.000 en Barcelona; Andalucía, con 128.000 personas en esa situación de vulnerabilidad, que el estudio además observa que es mayor cuanto menor es su renta. Dentro de esta comunidad, hay 53.000 personas en zona de riesgo en Sevilla, cuyo alcalde pareció dar marcha atrás es uno de sus grandes proyectos de legislatura, un plan de urbanización a la orilla del Guadalquivir un día después del desastre de Valencia. En la Comunitat Valenciana, identifica a 51.000 personas asentadas en lugares con riesgo medio de inudación.
Según el estudio, Asturias, País Vasco o Baleares también acumulan decenas de miles de personas en zonas de riesgo y, a muchos kilómetros del mar, también lo hay Castilla y León, 93.000 personas, de las cuales 83.000 en Valladolid, la ciudad del Pisuerga.
Trasladar localidades y barrios a zonas más seguras
La trágica DANA de Valencia también ha hecho aflorar otras idea, incluso más complicada que prohibir construir en determinadas zonas, consistentes en trasladar a otros lugares a la población asentada en zonas de riesgo de inundación y demoler edificios construidos en ellas sin ninguna limitación. "En sectores de alto riesgo con peligro grave para la vida humana hay que comenzar a plantear el desalojo y trasladar de viviendas a zonas seguras", apunta sin dudar el catedrático Olcina.
El informe del IEEE de 2020 también apuntaba estas dos cuestiones -"más drásticas, pero más efectivas"- para minimizar el riesgo de inundación. "Queda patente que lo más adecuado sería el desplazamiento de los núcleos urbanos a zonas de menor riesgo", decía el informe que firmó Prieto entre otros autores.
Fuera de España, Indonesia lleva años preparando el traslado de su capital, Manila, a otro emplazamiento porque se esta inundando. Dentro de España, Romero recuerda que la rotura de la presa de Tous -la llamada "pantanada de Tous'- en 1982 dejó sumergidos dos pueblos, Gavarda y Beneixida, que antes fueron evacuados y después reconstruidos en otro emplazamiento. "No hace tantos años, en Onteniente se desbordó el río y no se ha vuelto a construir en el mismo lugar, han trasladado los edificios a otros sitios y ahí no es ha dejado edificar", añade la profesora de la Universidad de Valencia, que espera que la reconstrucción tras la DANA de la semana pasada imite esta experiencia y no ubique los edificios en las zonas más afectadas, que eran las de más riesgo.
