La trágica DANA que devastó la semana pasada la provincia de Valencia ha traído a la superficie dos proyectos para redirigir los cauces de los barrancos de la Saleta y del Poyo y reconectarlos con el del Turia que llevan más de dos décadas en tramitación y de un cajón a otro de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Transición Ecológica, la que, a la postre, debería haber dado luz verde definitiva y financiación estatal para llevar a cabo unas obras de infraestructura hidráulica diseñadas para evitar el riesgo de inundación que corrían poblaciones ahora anegadas, como Aldaia, Paiporta, Massanassa, Chiva o Alfafar. Los motivos tienen que ver con estrecheces financieras durante la crisis económica de 2008 y también con reticencias de tipo medioambiental, que mantienen paralizados unos proyectos que, según los expertos, con "más de 219 muertos de momento sobre la mesa" ya no se entiende que el Gobierno las declare ya como "obras de urgencia".
Una de las actuaciones es el "acondicionamiento del barranco de La Saleta" a su paso por Aldaia, Quart de Poblet, Xirivella y Alaquàs y el otro, todavía más en el centro de la tragedia de la semana pasada, una actuación para conectar el barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Túria, el que el martes pasado evitó que se inundara Valencia. Esta actuación habría afectado a poblaciones como Torrent. Pincaya, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Benetússer o Paiporta, 'zona cero' de la devastación que han dejado las lluvias torrenciales.
"No se ha hecho nada, pero desde 2008-2009, ni con Zapatero ni con Rajoy ni con Sánchez", recapitula Federico Bonet, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y exdirector técnico de la CHJ, que añade que estos dos proyectos han visto pasar los años, los ministros y los presidentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar sin que se hayan hecho las obras. Desde Miguel Ángel Arias Cañete en 2001, que en 2012 nombró presidenta de la CHJ a la exsecretaria de Medio Amiente de la Comunitat Valenciana María Ángeles Ureña. Fue relevada por sucesivos nombramientos de la actual responsable, Teresa Ribera, por dos ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Manuel Alcalde, nombrado en 2018 hasta 2021 y entonces y hasta la actualidad Miguel Polo Cebellán.
Del PHN a la crisis económica de 2008
Los dos proyectos ya figuraban enunciados en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 dentro de un listado de "obras de interés general del Estado" y, conforme pasaron los años, se fueron concretando y actualizando los proyectos y saltando del primer Plan de Gestión de riesgo de inundaciones del Júcar, en 2016, al segundo, de "segundo ciclo" y más reciente, que en el caso de Júcar se aprobó en enero de 2023.
Mucho antes, ya en 2007, la CHJ encargó un estudio en concreto sobre la actuación del barranco del Poyo porque "tenía un especial interés en resolver este problema", recuerda Félix Francés, catedrático en Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia y que colaboró en una versión anterior a aquella. "Entiendo que la CHJ, que encarga este estudio es porque tenía un interés especial en resolver este problema", después de las inundaciones -graves, pero no tanto- que se registraron allí en el año 2000, para utilizarlo "como un piloto", añade.
"La problemática existente se caracteriza por el riesgo de inundación de varios términos municipales y por la periódica aportación de sedimentos a la Albufera", apunta el plan relativo al barranco del Poyo en un documento del entonces Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente -competente hasta la creación del de Transición Ecológica en 2018-, que contemplaba también que "la fuente de financiación" eran los "fondos de la Dirección General del Agua".
En 2011 y siendo secretaria de Estado de Medio Ambiente, la hoy vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, firmó la declaración de impacto ambiental favorable que publicó el BOE para acometer actuaciones destinadas, entre otros, al objetivo de la "reducción del riesgo de inundación en las poblaciones situadas en el ámbito de los barrancos Pozalet, Saleta y Poyo, alcanzando un nivel de protección de hasta 500 años de periodo de retorno". En este área se encuentran algunos de los términos municipales tristemente más mencionados estos días, Aldaia, Alaquàs, Torrent, Pincaya, Valencia, Paiporta, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Massanassa, Alfafar, Benetússer, Sedaví y Llocnou de la Corona.
Para cuando estuvieron listas las declaraciones de impacto ambiental ya había empezado la crisis económica de 2008 que, en opinión de Bonet y de Francés, dificultó hasta paralizar totalmente las inversiones de los 150 millones que requería todo el plan del Júcar. Además, complicó la manera de explicar a la población un gasto tan elevado en infraestructuras sobre cauces que podían pasar años sin una gota de agua.
"Los técnicos de la Confederación Hidrográfica eran conscientes de este tema y con la crisis que empieza en 2008-2009, en 2011 se corta totalmente la inversión en obras públicas en general", apunta Francés, que ni con el "sentido común" que emplea para ello puede explicar que "a partir del final de la crisis no se hace". "Si ahora con al menos 219 muertos sobre la mesa y 2.000 millones en daños no se declara [obra de emergencia], apaga y vámonos", añade Francés.
A pesar de que han pasado más de 10 años desde la última actuación concreta -la declaración de impacto ambiental- desde el último paso que se dio, la actuación sobre los barrancos de La Saleta y el Poyo quedó después plasmada en los dos planes de gestión de zonas de riesgo de inundación del Júcar para redirigir los dos barrancos por vías alternativas y nuevos cauces hasta el nuevo cauce del Túria. El siguiente trámite habría sido que la Confederación Hidrográfica hubiera contado con los fondos necesarios para llevarlos acabo, tal y como se reflejaba en un documento del Gobierno de antes de que en 2018 esta competencia pasara del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al nuevo de Transición Ecológica.
"Todo está estudiando pero en un año todo no se puede hacer", explica Bonet. "El problema que veo es que este año no se ha hecho ninguna obra de infraestructura hidráulica", añade el exdirector técnico de la CHJ, sobre unos barrancos que normalmente están secos pero de los que se sabe que, cuando ocurren tienen grandes posibilidades de terminar desbordados, sobre todo el del Poyo, que ha anegado Paiporta, entre otras localidades.
Inversiones caras sobre ríos secos
A la hora de repartir responsabilidades, Bonet considera que "el problema no es solo de la Administración" y se extiende desde la resistencia actuar sobre la naturaleza en lugar de dejar que esta siga su curso y, también, a las dificultades de justificar ante la población invertir tanto dinero para actuar sobre cauces que, por lo general y salvo situaciones extraordinarias como la de las de la semana pasada, permanecen secos. Reconoce que es más lógico desde la política invertir ese dinero en cosas más tangibles, como Cercanías porque si no hay servicio eso lo nota mucho más la población, sin ser consciente de los riesgos de no actuar sobre barrancos como los que provocaron las riadas en Valencia de la semana pasada.
"Probablemente, una avenida como esta tardará años en repetirse, no lo veremos nosotros", dice Bonet una semana después de la peor noche de la DANA. Añade que las obras hidráulicas como estos dos proyectos sirven para "limitar el riesgo", aunque "el riesgo cero no existe". Recuerda que tras las riadas históricas de 1957, el nuevo cauce del Túria no se terminó hasta 1979. "En general, yo creo que el problema no es solo de la Administración, sino de toda la sociedad, que no tienen concepción del peligro", no solo de estos dos barrancos sino de los otros muchos que existen en la Comunitat Valenciana, como los de la provincia de Castellón.
Reticencias ecologistas y protección de la huerta
Sin embargo, en todos estos años ha habido algo más, los recelos de corte ecologista que echaron para atrás o hicieron incluso olvidar unas actuaciones contra las inundaciones que si primero se formularon por la "solución dura", en forma de presas y de recanalizaciones de hormigón, después se platearon como "solución blanda", en base a encauzamientos naturales y vías verdes con "aspecto de río". El anterior Gobierno de la Generalitat, del socialista Ximo Puig, dio una vuelta más de tuerca al proteger la Huerta valenciana, en una decisión que Francés asegura que también contribuyó a olvidar los proyectos contra las inundaciones en torno al barranco del Poyo.
Por su parte, Bonet lamenta el "criterio de medio ambiente de que no se tiene que hacer nada, dejar a la naturaleza a sus anchas", que puede valer para algunas zonas pero no para las áreas afectadas por la DANA "totalmente urbanizadas y llenas de polígonos industriales y donde se genera la economía de la Comunitat".
