El plan de ajuste fiscal estructural que presentó el Gobierno el martes incluye una limitación en el gasto público algo más generosa que la que Bruselas estima que correspondería a España. En concreto, los cálculos del Ministerio de Economía permitirían aumentar el desembolso público en un 3% de media entre 2025 y 2031, mientras que las proyecciones de la Comisión Europea reducen esa cifra al 2,8%. Dos décimas de diferencia que pueden parecer poco, pero que, cuando se aterrizan, se acaban traduciendo en miles de millones de euros.
Así se refleja en el documento que el Ejecutivo remitió a Bruselas el martes, pero que Economía hizo público el miércoles. Más allá de esa diferencia de dos décimas, hay otro punto relevante. Y es que el análisis de la Comisión establece límites más férreos al gasto durante los primeros años del plan en comparación con lo que propone el Gobierno. La senda de Bruselas es más homogénea, mientras que el Ejecutivo deja más margen de gasto los primeros años y es más estricto en el tramo final.
Concretamente, el plan del Gobierno permite aumentar el gasto público un 3,7% en 2025 (cinco décimas más que la previsión de la UE); un 3,5% en 2026 (siete décimas más); un 3,2% en 2027 (cinco décimas más); un 3% en 2028 y 2029 (tres décimas más); un 2,5% en 2030 (una décima menos) y un 2,6% en 2031 (otra décima menos). Las discrepancias más llamativas se dan en los tres primeros años del plan. En este punto, es importante recordar que el Gobierno que esté en el poder en 2029 deberá presentar un nuevo plan, en el que puede incluir una nueva senda de ajuste.
En el Ministerio de Economía arguyen que el ajuste fiscal que propone el Gobierno es igual todos los años. Lo que cambia, sostienen, es la previsión de crecimiento económico (si la economía va mejor hay más margen para gastar), que en el caso de España es más optimista y en el de la UE, más pesimista.
Las diferencias entre lo que propone un Estado miembro en su plan de ajuste y la estimación de la Unión Europea forman parte de la negociación con Bruselas para alcanzar un punto común y están permitidas por la normativa fiscal. "La posibilidad de introducir diferencias justificadas en los supuestos es crucial para preservar la apropiación nacional, la credibilidad y el cumplimiento", recuerda el texto del plan fiscal español.
Cuando se elaboró la nueva normativa europea se buscó dar más protagonismo a los Estados miembros para que diseñen sus propias sendas de ajuste y evitar la imposición desde Bruselas, que era la norma hasta la fecha. Lo habitual es que los gobiernos dialoguen con la Comisión para encarrilar este tipo de informes antes de que se envíen, algo que también ha sucedido en este caso. "La elaboración de este documento ha sido precedida de numerosas reuniones técnicas con los servicios de la Comisión", señala el plan español. En todo caso, la última palabra sobre el plan estructural la tiene Bruselas, que se pronunciará, previsiblemente, a finales de noviembre.
Migrantes y pensiones, las causas de la discrepancia
Los motivos por los que el Gobierno ha elevado el margen de gasto respecto a lo que calcula la Comisión son dos y de carácter marcadamente técnico. En primer lugar, los expertos del Ministerio de Economía creen que las proyecciones de población que maneja la UE están obsoletas.
El Gobierno arguye que las últimas proyecciones de población publicadas por Eurostat prevén unos flujos migratorios significativamente más grandes que los que maneja la Comisión para los próximos siete años. Economía opina que una mayor llegada de personas en edad de trabajar se traducirá en más crecimiento económico. Y si la economía va a crecer más, también puede hacerlo el gasto.
La segunda discrepancia es más compleja y tiene que ver con el gasto ligado al envejecimiento. El Gobierno reprocha a Bruselas que no haya tenido en cuenta a la hora de calcular los límites de gasto las medidas para potenciar los ingresos que se han incluido en la segunda parte de la reforma de las pensiones. Es importante recordar que, con las nuevas reglas fiscales, los Estados miembros pueden aumentar su nivel de gasto si incluyen medidas compensatorias de ingresos que estén justificadas.
El Ejecutivo arguye que la metodología de Bruselas no especifica si se puede descontar del gasto en envejecimiento el impacto de estas medidas. Los técnicos de Economía creen que debe ser así y calculan que hacerlo otorgaría a España una décima más de margen en promedio para todo el periodo. En el caso de las previsiones de población, el margen de gasto es de otra décima.
