Pedro Sánchez ha optado por el silencio a su llegada a Bruselas este jueves para asistir a la cumbre de líderes de la UE. El presidente del Gobierno ha esquivado a los medios de comunicación en un momento nacional además marcado por la imputación del Fiscal General del Estado y antes de un encuentro marcado por el tema migratorio, en el que España se opone frontalmente a la idea de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni -y abierta también por Ursula von der Leyen- de optar por centros de detención de migrantes fuera de territorio comunitario.
La dinámica habitual en estos casos es que los líderes de los 27 hagan unas breves declaraciones a su entrada en el edificio del Consejo, pero esta vez Sánchez lo ha evitado. Sí han hablado algunos de sus homólogos como el canciller alemán, Olaf Scholz, o el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, así como el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
Este paso del jefe del Ejecutivo coincide con la noticia de que el Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Sala de lo Penal ha tomado la decisión por unanimidad, atendiendo una exposición razonada que elevó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y así ha dado un paso que no tiene precedentes en esta democracia: la imputación de un fiscal general.
El auto lo firman los magistrados de la Sala de lo Penal Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente del auto) y Carmen Lamela. Ángel Luis Hurtado será el instructor de esta causa, conforme al turno establecido.
El Gobierno no ha dudado en respaldar al fiscal general y su decisión de no dimitir pese a estar imputado por el Tribunal Supremo. "Entre delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad", defendió este miércoles el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en sintonía con el resto de ministros, que defienden que lo único que ha hecho García Ortiz es "desmentir un bulo".
En lo que se refiere a la cumbre de los 27, España llega con una posición muy marcada. Moncloa no quiere soluciones coyunturales, y se abre a negociar las propuestas que se pongan sobre la mesa durante la cumbre, pero avisa de que la clave pasa porque entre en vigor ya el pacto común de migración y asilo, que iba a empezar a funcionar en 2026. Así lo pidió ya Pedro Sánchez y es otra de las ideas que maneja Ursula von der Leyen. "El enfoque debe ser integral", sostienen desde el Ejecutivo español, que no quiere hablar de "vetos" en el tema migratorio.
