"Los fiscales manejamos muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra, que por supuesto no voy a usar jamás", afirmó el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la amable entrevista que concedió en RTVE a Xavier Fortes tras el auto del Tribunal Supremo que declara abierta una investigación para determinar filtró información confidencial en la causa contra la pareja de la presidenta Ayuso, Alberto González Amador, por fraude fiscal y falsedad documental.
García Ortiz defendió su inocencia y aclaró algunas cuestiones técnicas del caso, muy enrevesado, y que seguramente será imposible de aclarar, pero también guardó silencio en algunas preguntas dada su condición de investigado. Es la primera vez en democracia que quien ocupa el máximo cargo en el Ministerio Fiscal es sospechoso de haber cometido un delito, lo que significa que va a ser investigado por un subordinado suyo. Esa especial circunstancia debería comportar su inmediata dimisión o cese, precisamente para que pudiera defenderse sin restar entre tanta autoridad a la Fiscalía General del Estado (FGE). Eso sería lo normal en cualquier país donde se tuviera un verdadero aprecio por el Estado de derecho, pero aquí no. En España, el fiscal no dimite y el Gobierno lo defiende como uno de los suyos.
Dimitir sería lo normal en cualquier país donde se tuviera un verdadero aprecio por el Estado de derecho, pero aquí no
La extensa entrevista a García Ortiz ha dado lugar a muchos titulares, pero sorprende lo poco que ha escandalizado esa reflexión suya, que 20minutos sí tuvo el acierto de destacar, en la que afirmaba “si yo quisiera hacer daño, tengo información de sobra”. Resulta inquietante lo que, en un contexto de filtraciones mediáticas, podría entenderse como una amenaza hacia los partidos de la oposición, aunque el fiscal general se comprometa a no usarla jamás.
Urge una aclaración sobre el auténtico sentido de sus palabras. La politización de la FGE no es nueva, pero se ha convertido ahora como nunca en la ejecutoria técnica de los deseos gubernamentales en espinosos asuntos judiciales, desde la forma de interpretar la ley del solo sí es sí, hasta la malversación en la ley de amnistía, pasando por investigaciones que afectan al presidente del Gobierno y sus allegados. García Ortiz ha impuesto sus criterios “políticos”, que para eso fue nombrado por Pedro Sánchez, a los otros fiscales que jerárquicamente son sus subordinados. Su actuación, que incluye una política de nombramientos y castigos caciquil, es calificada por casi todas las asociaciones de fiscales de arbitraria y opaca.
En la entrevista deslizó varias veces que el fiscal general tiene mucho poder y se mostró partidario de compartirlo en una eventual reforma, aunque él no piense adelantarse dando ejemplo, ya que entonces la FGE retomaría los principios de autonomía funcional e imparcialidad de la institución a la que por ahora ningún Gobierno, y tampoco ningún partido, está dispuesto a prescindir en el ejercicio del poder.
