La posibilidad de que la Audiencia Nacional pida imputar al exministro José Luis Ábalos por su participación en el caso Koldo es cada vez más cercana. De hecho, el juez instructor de la causa, Ismael Moreno, ha pedido al Congreso que certifique la condición de diputado de Ábalos, lo que se interpreta como el paso previo a pedir su imputación ante el Tribunal Supremo.
El instructor ha dado este paso tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que atribuye a Ábalos "un papel relevante" en la trama de corrupción que recibe el nombre de su ex asesor, Koldo García. El escrito indica que "se debería investigar qué relación tendría el exministro" con "la organización criminal y los hechos investigados". "Se requeriría iniciar una investigación sobre esa persona, actualmente aforada", concluye la Guardia Civil.
Tras recibir este informe y otro más, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que dirige la investigación del caso Koldo, ha solicitado a la Presidencia del Congreso de los Diputados la "certificación acreditativa de la condición de diputado de José Luis Ábalos". Se trata de un mero trámite formal para dar por certificado que el exministro de Transportes está aforado ante el Tribunal Supremo.
Según informa Europa Press, el informe de la UCO mencionado por Moreno en su resolución señala que "la enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García), (Víctor) Aldama y la organización criminal dinamizada por este último".
En la misma providencia en la que Ismael Moreno solicita al Congreso la acreditación de Ábalos, a la que ha tenido acceso 20minutos, el instructor solicita dar traslado a la Fiscalía del citado documento de la UCO para que "informe lo que estime procedente en Derecho". Además de este informe, el pasado 4 de octubre la UCO remitió a la Audiencia Nacional otro escrito repleto de pruebas extraídos de mensajes y conversaciones telefónicas intervenidas a los investigados. En los 86 folios del documento se revelan varias cuestiones que ponen al exministro de Transportes en una situación delicada.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional asumió desde su inicio la causa contra esta presunta trama corrupta, cuyo epicentro sitúa en el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos cuando se produjeron los hechos, en 2020. La investigación gira en torno a los contratos que firmaron distintas administraciones públicas para que la empresa Soluciones de Gestión les suministrara mascarillas durante la pandemia, en un proceso de compraventa en el que se obtuvieron presuntas comisiones irregulares.
A través del asesor de Ábalos, Koldo García, la empresa soluciones de Gestión y el comisionista Víctor de Aldama -al que la UCO define ahora como cabecilla de la trama- habrían logrado adjudicaciones millonarias del Ministerio de Transportes y otras instituciones públicas. Durante meses de investigación, las pesquisas han revelado la cercanía de Ábalos a la trama de corrupción, si bien el diputado no tiene por el momento la condición de investigado.
Al tratarse de un miembro de las Cortes -ahora tiene escaño en el Grupo Mixto-, José Luis Ábalos goza de la condición de aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esto implica que únicamente ese tribunal puede investigarlo, de forma que para que esto ocurra la Audiencia Nacional debería elevar al Supremo una exposición razonada en la que justifique la existencia de indicios suficientes.
