La Comisión Europea ha decidido abrir otro expediente contra España por no proteger suficientemente a los trabajadores del sector público contra el uso abusivo de sucesivos contratos de duración determinada. Es decir, por el aviso de los interinos. "Esto es contrario a las normas de la UE (Directiva 1999/70/CE del Consejo), que exigen que los Estados miembros introduzcan, en su legislación nacional, medidas para prevenir y, en caso necesario, sancionar los abusos mediante sucesivos contratos de trabajo de duración determinada", resume el Ejecutivo comunitario. Es el segundo paso, con una segunda misiva, tras la carta de emplazamiento enviada hace unos meses.
La Comisión constata que la legislación española no incluye tales medidas para determinados tipos de relaciones laborales de duración determinada en el sector público. Por ejemplo, independientemente de que un empleado con contrato de duración determinada haya sido contratado por 20 o por 30 años, la indemnización es la misma. Y un empleado que, después de haber trabajado 20 años con una sucesión de contratos de duración determinada, dimite por cualquier motivo, como aceptar otro trabajo o cuidar de un miembro de la familia, no tendrá acceso a ninguna indemnización, aunque un tribunal declare abusiva esa sucesión de contratos de duración determinada. Según los últimos datos disponibles en el INE, de los casi tres millones de trabajadores públicos, más de 755.000 tienen un estatus de funcionario interino.
Esta carta de emplazamiento adicional tiene en cuenta las modificaciones de las normas nacionales que España adoptó después de que la Comisión incoara el procedimiento de infracción en 2015. Bruselas considera que las nuevas normas nacionales siguen sin abordar suficientemente los problemas detectados, en particular en lo que respecta a la eficacia de las medidas sancionadoras.
Por consiguiente, la Comisión envía una carta de emplazamiento adicional a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión. A falta de una respuesta satisfactoria, el Ejecutivo comunitario podría decidir emitir un dictamen motivado. Este es además un tema enquistado para España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló el pasado mes de junio a favor de transformar en fijos a los funcionarios interinos que acumulan contratos temporales en fraude de ley. Una sentencia que chocaba de pleno con la doctrina del Supremo.
Con todo, el Gobierno no ha reacción aún debidamente al procedimiento abierto por Bruselas, pero Moncloa puso en marcha en 2021 un proceso de estabilización de interinos para reducir la temporalidad en el sector público —que aún roza el 30%— y el entonces ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, dijo que daba "resultados extraordinarios": según el ministro se ha cumplido el 75% de las regularizaciones propuestas para este año (unas 300.000).
Otros expedientes abiertos
Por otro lado, la Comisión Europea ha decidido llevar también a España, Chipre, Polonia, y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber notificado las medidas de transposición al Derecho nacional de la Directiva que se refiere a que los beneficios de los grandes grupos o empresas multinacionales y nacionales con un volumen de negocios anual combinado de al menos 750 millones de euros tributarán a un tipo impositivo efectivo mínimo del 15%.
