Nuevo revés para el Real Madrid en su conflicto con los vecinos del estadio Santiago Bernabéu. La Asociación vecinal de perjudicados por el Bernabéu ha denunciado ante los juzgados la utilización de una licencia de funcionamiento caducada, datada del año 2001, para la celebración de eventos deportivos y extradeportivos.
Se trata de un recurso de reforma del abogado de la Asociación vecinal de perjudicados por el Bernabéu, presentado este 9 de octubre, después de que el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid haya admitido a trámite sólo una parte de la ampliación de la querella presentada por los vecinos, según ha adelantado El Confidencial.
La querella se admite por un delito medioambiental, pero se inadmite respecto de los delitos de prevaricación medioambiental o prevaricación ordinaria que en ella se imputan al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.
Los denunciantes piden al juzgado que reconsidere su decisión y admita a trámite la denuncia contra Almeida y Carabante "como supuestos autores de un delito de prevaricación medioambiental o subsidiariamente de un delito de prevaricación ordinaria", asegurando que hay nuevos datos que llevan a pensar que puedan ser responsables.
En concreto, aseguran que "a fecha de hoy" el estadio carece "de la preceptiva licencia de funcionamiento para cualquier tipo de uso", no sólo para celebrar conciertos, sino también para la celebración de eventos deportivos.
Según afirman, el Ayuntamiento no ha concedido la preceptiva licencia de funcionamiento a la instalación después de las obras que desde 2019 se realizan en el estadio, autorización que es obligatoria para garantizar que las reformas cumplen con todas las condiciones de seguridad, sanidad o medioambientales, y que los vecinos han reclamado en diversas ocasiones al consistorio sin que éste se la haya remitido.
Una licencia que debería haber sido expedida por el Ayuntamiento después de que los técnicos municipales comprobasen si los trabajos cumplen las previsiones de la licencia de obras, que se expidió el 27 de marzo de 2019.
También debería demostrarse que tras las obras no se produce ninguna afección medioambiental sobre el entorno y las viviendas próximas, extremo éste que "es evidente" que "no se ha cumplido".
Además, la licencia que autoriza las obras condiciona la concesión de licencia de funcionamiento a la terminación de las obras de urbanización que debe llevar a cabo el propietario del estadio, trabajos que "como es notorio, no han terminado", y ponen como ejemplo que en las calles aledañas al estadio sigue habiendo vallas, material y maquinaria de obra, además de carriles y aceras cortados al tránsito.
De no contar con esta licencia, afirma la denuncia, no se puede utilizar el edificio ni llevar a cabo en él ninguna actividad.
La novedad que esgrimen los vecinos es que como el Ayuntamiento no les ha facilitado dicha licencia de funcionamiento pese a solicitarlo varias veces, ellos han pedido a la Comunidad de Madrid —la administración que autoriza la celebración de actividades concretas— que les permita acceder a la documentación presentada por los organizadores de los conciertos y eventos.
La Comunidad exige al promotor del evento o concierto que acompañe a su solicitud la documentación que acredite que el local en el que va a celebrarse tiene las correspondientes autorizaciones o licencias para operar.
Y ahí es donde los vecinos han comprobado que "el documento aportado es un decreto de concesión de licencia de funcionamiento del estadio de 2001, es decir, una licencia de funcionamiento anterior a las obras que comenzaron en 2019 y aún no han concluido".
"Se trata, pues, de una licencia caducada, valiéndose de la cual, se han autorizado los conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu desde abril hasta septiembre de 2024 (...) Además, esa licencia afecta exclusivamente al funcionamiento del tercer nivel de graderías del fondo sur del estadio. Con ese documento se ha engañado a la Comunidad de Madrid, que ha concedido los permisos en la falsa creencia de que el documento presentado acreditaba la existencia de una licencia de funcionamiento en vigor", alegan.
Por todo ello solicitan al juzgado que atienda su petición seguir indagando para "aclarar si, como parece, la Comunidad de Madrid fue movida a error o si actuó asimismo incumpliendo la ley".
