Superado el titánico reto de pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial -al PP y al PSOE les ha llevado más de cinco años alcanzar un acuerdo-, el peso caerá ahora sobre 20 jueces y juristas que están a punto de convertirse en vocales del CGPJ. El nuevo pleno del Consejo se encontrará la Justicia 'patas arriba', con una merma de altos cargos que no conoce equivalente en la historia de esta joven democracia. Y más allá de consensuar una reforma del modelo de elección del Consejo, el Pleno del CGPJ debe suplir 98 vacantes de la cúpula judicial.
El actual órgano de gobierno de los jueces fue nombrado en 2013 por un Parlamento en el que el PP de Mariano Rajoy gozaba de mayoría absoluta. El mandato de este Consejo caducó en diciembre de 2018. Y en 2021, ante el bloqueo del Partido Popular, el Gobierno de coalición impulsó una reforma legal con la idea de presionar al entonces líder popular, Pablo Casado. La medida consistía en privar al CGPJ de su principal potestad: nombrar discrecionalmente a los altos cargos de la Justicia española.
La reforma no sirvió para forzar un pacto, así que el bloqueo ha causado grandes estragos en la cúpula judicial desde que aquella ley entró en vigor. El principal perjudicado ha sido el Tribunal Supremo, que acumula a día de hoy más de un 30% de vacantes, 26 asientos vacíos. Entre los puestos pendientes de nombramiento está el presidente de la Sala Primera y otros tres magistrados de la misma; un magistrado de la Sala Segunda; 12 plazas de la Tercera, incluida la Presidencia; seis cargos de la Sala Cuarta, entre los que está el de presidente; y tres plazas de la Sala Quinta.
El Consejo deberá nombrar, entre otros, a un nuevo presidente del alto tribunal, un cargo que a día de hoy ocupa de forma interina el magistrado Francisco Marín Castán.
En la Audiencia Nacional, falta por suplir las presidencias de la Sala de lo Penal y la de lo Social. Los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas suman 40 vacantes, entre ellas ocho presidencias. Otras 30 plazas vacías se acumulan en las audiencias provinciales del país. Además, también están pendientes de nombramiento 27 plazas de la Jurisdicción Militar.
Así las cosas, nos encontramos ante un nuevo Consejo sobre el que recaerá un gran poder, que ya se sabe, conlleva una gran responsabilidad. "Será un Consejo muy poderoso, pero tendrá una tarea titánica por delante", admiten a este periódico fuentes del actual Consejo.
Nuevas exigencias
El reto es cuantitativo, pero también cualitativo: la proposición de ley pactada por PSOE y PP añade nuevas exigencias a algunos nombramientos que son potestad del Pleno. Por un lado, la norma prevé "la creación de una Comisión de Calificación en el Consejo General del Poder Judicial, integrada por cinco vocales, que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno, con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas".
Además, para nombrar a los presidentes de las Audiencias Provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, el Pleno deberá lograr una mayoría de 3/5 de sus vocales. Por último, la norma eleva de 15 a 20 años de experiencia necesaria para los candidatos a acceder al Tribunal Supremo.
