Sumar intenta aprovechar el plan de regeneración democrática anunciado hace semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar un impulso a una de las medidas que más se le resiste a la izquierda a la izquierda del PSOE desde que comenzó en 2020 a compartir Gobierno con los socialistas: la derogación de la ley mordaza. La formación lleva semanas promoviendo esta medida y está presionando públicamente a Sánchez para que la incluya dentro del paquete que expondrá el próximo 17 de julio ante el Congreso.
El presidente del Gobierno comparecerá en esa fecha ante la Cámara Baja para presentar el plan de regeneración que anunció que quería poner en marcha tras su parón de cinco días y su posterior decisión de mantenerse en la Moncloa. PSOE y Sumar llevan semanas trabajando conjuntamente en esas propuestas en una mesa que conformaron tras mantener la primera y, por ahora, última reunión de seguimiento de su pacto de coalición, el pasado mes de mayo. Hasta ahora, no obstante, ha sido Sánchez el único que ha ido adelantando algunas de las medidas que planteará al Congreso, si bien fuentes de Sumar aseguran que las conocían.
El último de estos anuncios del presidente tuvo lugar el pasado lunes, cuando Sánchez planteó la necesidad de modificar la ley de publicidad institucional para establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación con el fin de incorporar "más transparencia" y evitar financiar "desinformación". Nada, por ahora, de la derogación de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como ley mordaza, que el PSOE prometió expresamente cuando estaba en la oposición, pero que, tras fracasar la pasada legislatura por desacuerdos en el texto con ERC y EH Bildu, no ha vuelto a intentar.
Fuentes de Sumar, no obstante, aseguran que esa reforma de la publicidad institucional es tan solo una de las medidas que se han planteado en la negociación. La formación que lidera Yolanda Díaz no está especialmente ilusionada ante la posibilidad de poner el foco en la legislación que afecta a los medios de comunicación, e insiste en que, a nivel de regeneración democrática, la medida más urgente es acabar con una ley, la popularmente conocida como mordaza, que data de la época de mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy y que los partidos de izquierdas siempre han considerado una norma extraordinariamente represiva.
En mayo, Sumar ya presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la norma. El texto recupera los acuerdos de la pasada legislatura, ya que PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu pactaron en prácticamente todos los asuntos polémicos. Si la reforma cayó entonces fue porque las formaciones independentistas exigían tres cambios que los socialistas rechazaron apoyar: la prohibición inmediata de las pelotas de goma como material antidisturbios, la prohibición de las devoluciones en caliente de personas que traten de acceder de forma irregular a España a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, y fuertes restricciones a la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado de sancionar las faltas de respeto contra sus actuaciones.
La propuesta de Sumar, no obstante, tenía como objetivo principal presionar al PSOE, mientras que un acuerdo que contara desde el principio con los socialistas sí tendría muchos visos de salir adelante. Y, además, permitiría a la coalición que lidera Yolanda Díaz apuntarse un importante tanto en un momento de extrema debilidad tras sus repetidos batacazos electorales.
Este jueves, la reforma judicial
No obstante, antes del debate parlamentario en el Congreso en el que Sánchez presentará su plan de regeneración se celebrará otro: el que tendrá lugar este mismo jueves para iniciar la tramitación de la reforma del poder judicial pactada por PSOE y PP. La ley, presentada por ambos partidos, no cambia el sistema de elección de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero sí establece medidas como la prohibición de nombrar fiscales generales que hayan ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores.
Al estar apoyada por los dos principales partidos de la cámara, la reforma no necesita de ningún otro apoyo para salir adelante, puesto que conseguirá un respaldo enormemente mayoritario. Pero que Sumar no la apoyase supondría una nueva divergencia en el seno del Gobierno, y lo cierto es que la coalición de Yolanda Díaz aún no ha decidido cuál será el sentido de su voto. No es que Sumar esté especialmente en desacuerdo con las medidas que contiene el texto, pero su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, denunció la semana pasada que el PSOE les haya dado "el texto cerrado" y no les haya permitido hacer aportaciones. "No son formas ni es el mejor camino", espetó.
