Estamos advertidos. Esto ya no hay quien lo pare. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que, dispuesto a cumplir, se va de ronda para sondear los apoyos necesarios de los líderes de los partidos que se conchabaron en su día para constituir la llamada mayoría progresista de investidura. El propósito ahora es presentar el Plan de calidad democrática, también llamado programa de regeneración, que nos viene prometiendo desde el lunes 29 de abril, fecha en la que concluyeron los cinco días de reflexión que se tomó para decidir si le valía la pena seguir o resignaba el puesto. Treinta días después, el lunes 1 de julio Pedro Sánchez, entrevistado en la cadena Ser, despejó la incógnita señalando que sería el 17 de julio cuando comparecería ante el pleno del Congreso de los Diputados para exponer sus propuestas de limitar la financiación pública de los medios de comunicación y reformar las leyes orgánicas del derecho al honor, de rectificación y de publicidad institucional, la cual, por haber sido promulgada hace veinte años, carece de referencias al fenómeno de la digitalización que todo lo ha alterado.
Además, intentando tapar aviesas intenciones bajo el impecable rebozo europeo, Pedro Sánchez pretende hacer ondear la bandera de la transparencia en la financiación de los medios digitales, a los que descalifica de entrada como pseudomedios o tabloides digitales, y declara inaceptable la financiación pública de la desinformación y de los bulos. A continuación, se deja vencer por el vértigo del fango y, avanzando un paso más, señala que eso es lo que está ocurriendo en algunos gobiernos del PP con Vox. Por eso, decidido a evitarlo, reclama el establecimiento de un porcentaje máximo de financiación pública para los medios.
Llegados aquí, la primera cuestión que surge es la de averiguar por qué, en vez de promover nuevas leyes, la regeneración democrática no comienza por el cumplimiento de las que estando ya vigentes distan por completo de cumplirse. Por ejemplo, las que atañen a RTVE, tanto en sus órganos directivos como en su comportamiento descarado como servicio doméstico del Gobierno. La segunda sería la de confiar a un auditor independiente el comportamiento del portavoz del Gobierno y del Partido Socialista como difusor de desinformación y de bulos contaminantes en la esfera pública. La tercera consistiría en encomendar a la Real Academia un análisis lingüístico del Boletín Oficial del Estado para garantizar en adelante un mínimo de inteligibilidad a sus textos, teniendo en cuenta que son los ciudadanos sus destinatarios. La cuarta, que se constituyera una agencia neutral, como la Airef, el Banco de España o la CNMV, en la que se depositara la responsabilidad de la verificación y se separara el grano de la paja, es decir, el bulo de la noticia veraz, sin atender a que la veracidad fuera acompañada de la molestia que por lo general suscita. Habida cuenta de que se entiende por noticia aquello que alguien está intentando que no se publique.
¿Por qué la regeneración democrática no comienza por el cumplimiento de las leyes que estando ya vigentes distan por completo de cumplirse?
En todo caso, si lo que intentara el presidente del Gobierno fuera acabar con la prensa insumisa y someter a los jueces a la estricta obediencia para transmutarnos con estas ayudas en demócratas auténticos, sepa que nos tendría enfrente.
