La historia para la implantación en las ciudades españolas de medidas en favor de la movilidad sostenible, para reducir el uso del coche particular y aumentar el transporte público o los traslados en bicicleta ha estado trufada de dificultades e incumplimientos desde su punto de partida oficial, en mayo de 2021. Entonces, se aprobó la Ley de Cambio Climático que obliga a las ciudades de más de 50.000 municipios a delimitar zonas de bajas emisiones (ZBE), que se reforzó después con una lluvia de millones para que los ayuntamientos restringieran el tráfico, crearan carriles bici, compraran autobuses eléctricos o peatonalizaran calles que, además de una ayuda, se convirtieron en un acicate por parte del Gobierno para que los alcaldes cumplieran con sus compromiso en movilidad urbana, advirtiéndoles de que si no lo hacían tendrían que devolverlos. Sin embargo, nada de esto parece estar funcionando y el ministro de Transportes, Óscar Puente, se plantea ya modificar el destino de los fondos europeos que los alcaldes no gasten en movilidad sostenible para evitar tener que reintegrarlos en la Comisión Europea.
No es la primera vez que el Gobierno hace una cosa así. En diciembre del año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Industria dio luz verde para que el Gobierno de Aragón reasignara ocho millones de fondos europeos que devolvió el ayuntamiento oscense de Montanuy tras renunciar al proyecto de instalaciones de esquí y devolver esta cantidad. Hasta ahora, fuentes del Ministerio de Transportes habían descartado que pudiera ocurrir algo así con los fondos destinados a cambiar la movilidad de las ciudades. Pero este lunes Puente abrió la puerta a esta posibilidad en una entrevista a la Cadena Ser. Preguntado por el riesgo de tener que devolver parte de 1.500 millones que se han distribuido entre dos centenares de municipios, manifestó que "lo que vamos a intentar dentro del plazo que tenemos es que los fondos estén ejecutados, es reemplearlos".
La posibilidad de reutilizar para otros objetivos parte de los fondos europeos destinados a fomentar la movilidad sostenible aparece en un momento especialmente sensible, en el que el Ministerio de Transportes está a punto de empezar a evaluar del "lamentable" cumplimiento, según fuentes del sector ecologista, de la ley y del programa de ayudas para descongestionar y descarbonizar el transporte de ciudades grandes y medianas y promover entre sus habitantes hábitos más saludables en sus desplazamientos.
El próximo 30 de junio se cumple el plazo de 18 meses que en diciembre de 2022 la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, dio a los municipios de más de 50.000 habitantes para que crearan zonas de bajas emisiones. Los obligados eran unos 150, de los que solo una veintena tienen restricciones al tráfico año y medio después. Además, el 31 de marzo pasado fue la fecha límite para estuvieran adjudicadas "la totalidad" de las obras que se financiaron con los 500 millones de la segunda convocatoria de ayudas que se resolvió en 2023.
El Ministerio esperará a que termine el mes para hacer una evaluación general del grado de cumplimento, que coincide también con la llegada al departamento de Puente de numerosas peticiones para ampliar los plazos que se dieron a los ayuntamientos para ejecutar las obras para las que recibieron las subvenciones europeas. "Están prácticamente todos pidiendo prórrogas" de una año a la que tienen derecho, dicen fuentes del sector ecologista al tanto de las negociaciones entre el Ministerio y los ayuntamientos que han recibido ayudas por un total de 1.500 millones de euros.
Por su parte, la Secretaría General de Movilidad Sostenible del Ministerio ha empezado a apercibir y a cartearse con ciudades que pretenden cambiar los proyectos para los que se les asignaron fondos europeos. De momento, Transportes ha rechazado las pretensiones de ayuntamientos como el de Murcia, Valencia y Logroño en procesos sobre los que todavía no se ha llegado a una solución satisfactoria para las partes.
El caso de Logroño es bastante paradigmático. En la primera de las dos convocatorias por las que Transportes repartió los 1.500 millones, en 2022, se le asignaron 400.000 para crear una pasarela peatonal y ciclista sobre el río Ebro, pero el actual gobierno municipal -una coalición PP-Vox-ha comunicado a Puente que no quiere hacerlo y que en su lugar quiere hacer un carril bici en otro lugar. "La modificación" que ha comunicado por carta al Ministerio es "no hacerlo", dicen allí, donde consideran que el cambio propuesto no es un cambio sobre el proyecto para el que se concedió la subvención. Como para la mayoría de las obras financiadas con subvenciones de la primera convocatoria, de 2022, el plazo de ejecución expira en diciembre de este año y si llegada esa fecha no está hecha ni se ha llegado a un acuerdo para hacer otra cosa, el ayuntamiento tendrá que devolver esos 400.000 euros, pagar una multa por la Ley de Subvenciones si le corresponde.
Con más o menos oposiciones -que encabezan las Alcaldías de las que Vox forma parte, aunque hay alcaldes de todo signo político entre los incumplidores-, hay numerosos municipios en esta situación, bien porque sus alcaldes actuales han decidido que no quieren acometer las obras subvencionas por sus predecesores -como el caso de Elche, Valencia o Valladolid- o porque van con retraso. Según las bases de la convocatoria que repartió 1.000 millones,
Hagan lo que hagan los ayuntamientos, si tienen que reintegrar las subvenciones o son multados por incumplimiento, el interlocutor con la Comisión Europea en temas de fondos es el Gobierno de España, que no podrá alegar que ha sancionado a los ayuntamientos incumplidores, sino reembolsar el dinero. La única posibilidad de que no sea así es que se reutilice para otros fines como ya plantea Puente.
Una ley sin sanciones y cartas de advertencia
Quizá así se salvará la subvención asignada a España, pero será la demostración de que el Gobierno central no ha conseguido que los alcaldes hagan sus deberes para descarbonizar el tráfico de sus ciudades en un proceso que contó con obstáculos, también con cierta laxitud desde el principio y con advertencias, premios y castigo que, de momento, tampoco han dado demasiado resultado.
Todo empezó con la Ley de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica que se aprobó en mayo de 2021, que obligaba a las ciudades de más de 50.000 habitantes a crear ZBE pero que no incluía un régimen sancionador en caso de que no lo hicieran.
La vicepresidenta Ribera se encomendó durante meses a la buena disposición de los alcaldes hasta que en noviembre decidió "señalar" a los incumplidores, con la creación de un mapa que alojaría la web de su Ministerio que iría contando quiénes creaban y quiénes no zonas de bajas emisiones. Siete meses y medio después, solo figuran 23 con el proceso terminado.
Entretanto, las dos convocatorias de ayudas, por valor total de 1.500 millones, que resolvió el Ministerio de Transportes en 2022 y 2023 supuso un nuevo modo de presión para los ayuntamientos, ya no solo los que tenían que restringir el tráfico, sino otros que recibieron fondos para hacer carriles bici, peatonalizar calles o fomentar el transporte público. Ribera y la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se coordinaron a partir de septiembre del año pasado para advertir a los alcaldes de que tendrían que devolver el dinero recibido si no llevaban adelante los proyectos.
El Gobierno intentó dar un paso más a partir de noviembre del año pasado y nada más llegar al Ministerio Puente anunció la táctica de "palo y zanahoria", con penalizaciones para los ayuntamientos incumplidores y ayudas a los que hagan las obras a tiempo, con recursos para "incentivar" que sigan avanzando en movilidad sostenible que estarán disponibles en la Ley de Movilidad Sostenible que tramita el Congreso y debería estar aprobada a final de año para que el Gobierno reciba un nuevo tramo de fondos europeos, según dijo el ministro en la entrevista en la que también puso sobre la mesa el último recurso, reutizar fondos no empleados para movilidad sostenible para no perderlos definitivamente.
