El PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de cinco años y medio con el mandato caducado y varios intentos frustrados. Junto a este compromiso, ambos partidos han acordado una larga lista de medidas enfocadas a "reforzar la independencia del Poder Judicial". La primera: reformar la ley orgánica del Poder Judicial para "que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ", según fuentes del Partido Popular.
El pacto se ha alcanzado en el curso de una reunión anunciada repentinamente y celebrada en Bruselas. A un lado de la mesa, el ministro de Justicia Félix Bolaños, al otro el popular Esteban González Pons, y entre ellos la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jorouvà, que se ha ofrecido a mediar entre ambos. Los dos principales partidos del Parlamento Español, imprescindibles para la renovación, han alcanzado múltiples compromisos.
El primero es "proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023", tal y como han comunicado conjuntamente ambas formaciones. Simultáneamente, se procederá a reformar la ley del Poder Judicial para garantizar "una composición absolutamente equilibrada del CGPJ".
"Ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados en el mes de julio", aseguran en Génova. Los vocales del Consejo, que actualmente son nombrados por las Cortes por mayoría de 3/5, serán escogidos a través de "un modelo de participación directa y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ".
El PP asegura también que "el acuerdo implica la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado". Este compromiso evitaría situaciones como el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia. Por último, el pacto zanjaría también la elección de un magistrado que ocupe la vacante que dejó Alfredo Montoya en el Tribunal Constitucional a raíz de un problema de salud. El órgano mantiene uno de sus 12 asientos vacíos, y pasará a ocuparlo el actual vocal del CGPJ José María Macías, nombrado en su día a propuesta del PP.
