El PP ha registrado en el Senado una iniciativa en la que propone el nombramiento de un Fiscal General del Estado "independiente" y la "incompatibilidad absoluta" para que los miembros del Gobierno puedan acceder posteriormente a puestos en el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la propia Fiscalía, entre otros puntos.
Los de Alberto Núñez Feijóo han compilado diferentes reivindicaciones sobre la despolitización de la justicia o la lucha contra la corrupción en esta iniciativa, que se aprobará dada su mayoría absoluta en el Senado.
Según el texto, buscan forzar al Gobierno a "nombrar un Fiscal General del Estado independiente que cumpla con los requisitos legales para su elección, y que garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo y clarificar la relación entre el fiscal general y el gobierno para mejorar su necesaria independencia y transparencia".
De la misma manera quieren que los ministros no puedan acceder posteriormente a puestos en el Constitucional, el CGPJ o la Fiscalía General del Estado, "independientemente de la reputación que tuvieran como juristas".
Independencia de los jueces
Otro de los puntos de la moción, iniciativa no legislativa, reclama al Gobierno "proteger la independencia de los jueces frente a interferencia y presiones políticas", así como la aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia.
Los 'populares' también quieren regular los lobbies, "de tal forma que se propicie su transparencia social, y se establezca obligatoriamente la creación de Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y parlamentarias".
Asimismo, piden al Gobierno elaborar un Plan Nacional contra la corrupción y el fraude, así como apoyar la "creación de una Red Europea Anticorrupción que aúne a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Autoridades Públicas, profesionales y sociedad civil".
Caso Koldo
El PP también hace referencia en su iniciativa al 'caso Koldo' y proponen eliminar "la posibilidad de discrecionalidad en la adjudicación de contratos públicos y para casos excepcionales establecer procedimientos menos laxos que los establecidos durante la pandemia por Covid-19".
"Recuperar los activos producto de la corrupción. Establecer un sistema de gestión eficiente de los bienes confiscados: Los bienes confiscados deberían ser gestionados de manera eficiente y transparente. Se podrían destinar a fines sociales", es otro de los puntos que plantean los 'populares'.
"Tras seis años de Gobierno del PSOE, la corrupción que asola al gobierno y al entorno del presidente, especialmente, a pesar de los intentos del poder ejecutivo de no dejar trabajar ni a la justicia ni a los medios de comunicación, tiene a los españoles indignados", ha denunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
