El anuncio de este miércoles del Gobierno de limitar "con urgencia" la duración de los alquileres temporales no ha caído bien a los socios minoritarios del Ejecutivo de coalición y tampoco a parte de la oposición. Desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la política intervencionista de Pedro Sánchez en materias como la justicia, los medios de comunicación y la vivienda, mientras que en Sumar ven la medida insuficiente y "a lo Poncio Pilatos".
La presidenta madrileña ha subrayado este miércoles que en el tema de los pisos turísticos "tiene que haber una regulación, una intermediación y una seguridad" pero lo que no puede haber es "una prohibición total, como se pretende ahora" y ha censurando la intención de "prohibición total" a los pisos turísticos y abogando por garantizar la seguridad jurídica.
En este sentido, ha advertido que el problema "va a ir a mayor si los propietarios de los pisos no se atreven a poner su vivienda en alquiler por la inseguridad jurídica que crean las nuevas normas y el intervencionismo de las administraciones". Además, no ha dudado en vaticinar que "va a haber un momento en el que los dueños no van a querer comprar viviendas para ponerlas en alquiler y vamos a hundir todavía más la oferta y, por tanto, disparar los precios".
Ayuso también ha subrayado la necesidad de "regular las cosas de manera comedida, con contrapesos, preservando la seguridad y la convivencia en las viviendas, el descanso vecinal, pero también teniendo en cuenta las nuevas formas de turismo las nuevas necesidades de los propietarios". También ha indicado que se debe hacer "teniendo en cuenta a su vez la oferta hotelera de España, que es de primera calidad, de las mejores del mundo", y que "sabe solucionar estos problemas por sí sola".
La jefa del Ejecutivo autonómico ha hecho hincapié en que el Gobierno de Sánchez ha impulsado una ley de vivienda que ha provocado "un descenso en la oferta de pisos, incrementado los precios de manera desorbitada en los precios, disparado la ocupación y generado mayor inseguridad jurídica".
"Pasarle la pelota a los vecinos"
Desde el otro lado, el portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, considera que el plan es "claramente insuficiente, por lo que ha instado a subirles los impuestos para reducir la rentabilidad de estos inmuebles. Martín ha admitido que la medida anunciada por la ministra Isabel Rodríguez "es un paso en la buena dirección" y "no está mal", pero ha expuesto una serie de motivos de por qué no servirá para paliar el problema en el mercado de la vivienda con estos pisos.
Sobre todo porque el plan se basa en pasarle "la pelota del problema a los vecinos". "Esta solución no es eficaz porque en las grandes ciudades ya hay bloques enteros destinados al alquiler turístico donde no hay comunidad de vecinos q pueda oponerse", ha explicado en varios mensajes publicados en la red social X, antes conocida como Twitter. Además, el portavoz ha advertido que la medida presupone que los vecinos están sensibilizados con que otros conciudadanos puedan acceder a una vivienda, lo que en la práctica no tiene porque ser así.
A esto se añade, dice Martín, que los propietarios de viviendas turísticas suelen tener "mucha más capacidad de negociación y persuasión q el resto de vecinos, muchas veces ancianos o sin ganas de líos". "Por tanto, el problema no se arregla con esta medida, pretenderlo es hacer política a lo Poncio Pilatos", remarca.
La propuesta del portavoz del grupo plurinacional para solucionar la problemática con los pisos turísticos pasa por rebajar su rentabilidad elevando su fiscalidad estatal. En concreto, hacer que paguen un IVA del 21%, como ha propuesto el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y subir su IRPF e Impuesto de Sociedades.
En lo que respecta a los contratos temporales, el portavoz del grupo indica que tener que justificar en el contrato por qué el alquiler es temporal "es una buena idea", pero cree que es necesario extender los derechos de los alquileres temporales y blindarlos en la Ley de Arrendamientos Urbanos, algo que se ha recogido en la proposición de ley registrada por su partido y Sumar, Podemos, ERC, BNG y Bildu en el Congreso. Algo que también exige el Sindicato de Inquilinos.
