Una corte penal de Perú ha condenado este miércoles a diez exmilitares por múltiples abusos sexuales cometidos contra nueve mujeres de una comunidad campesina en la surandina región Huancavelica, entre 1984 y 1995, años del conflicto armado interno que sacudió al país.
La Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria ha emitido sentencia contra diez de los acusados por el delito de violaciones sexuales en el denominado caso Manta y Vilca, en tanto que reservó la sentencia para otros tres implicados por haber abandonado el proceso.
Siete de los acusados han recibido diez años de cárcel, uno fue condenado a 12 años de prisión, uno a ocho años y otro a seis años de cárcel.
Un crimen de lesa humanidad
El caso de violaciones en Manta y Vilca hace referencia a una serie de violaciones sexuales sistemáticas a adolescentes y mujeres campesinas perpetradas por miembros del Ejército peruano entre 1984 y 1998 en los distritos de Manta y Vilca, en la provincia de Huancavelica en la región homónima en Perú.
El caso fue uno de los 47 casos remitidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al Ministerio Público. Los hechos se encuentran clasificados en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Según el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia, más de 5.300 mujeres fueron víctimas de abuso sexual durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000 en Perú.
Los efectivos del Ejército se instalaron en el comunidad de Manta, en el distrito de Huancavelica, en 1984 para tomar el control de la zona, y al poco tiempo empezaron las denuncias de violaciones sexuales a las mujeres del poblado, incluso a menores de edad y adolescentes, que se dedicaban al campo y eran quechuahablantes.
Las denuncias de abusos sexuales en las bases militares de Manta y Vilca fueron incluidas en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en 2003, lo cual permitió que la fiscalía provincial inicie las investigaciones preliminares.
En 2009 se abrió el proceso penal, pero en 2018 el caso se cierra por irregularidades cometidas por el tribunal.
El segundo juicio por este caso se abre en 2019 y continúa hasta la sentencia emitida en esta fecha, que representa para Perú una condena histórica en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad, según destacó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en su cuenta de la red social X.
