Las exmonjas clarisas de Belorado, ya excomulgadas, han anunciado que se apartan de la Pía Unión del falso obispo Pablo de Rojas, a cuya autoridad se habían acogido tras abandonar la iglesia católica, y que, a día de hoy, "caminan libres y solas" y no reconocen más autoridad que los tribunales de Justicia.
En un comunicado tras la salida del convento de Pablo de Rojas y su portavoz José Ceacero por deseo de las religiosas, estas aseguran que tienen el cien por cien del pleno dominio del monasterio, en el que desde anteayer no están los dos representantes de la Pía Unión, "de cuya jurisdicción nos apartamos", anuncian.
"No se ha procedido a la expulsión de nadie de nuestras instalaciones por la fuerza, pues tan solo se ha comunicado nuestro deseo al Sr. D. Pablo de Rojas, de cuya jurisdicción nos apartamos, y al señor José Ceacero para que abandonasen el convento, actuando ambos de forma voluntaria y sin ningún tipo de coacción por parte de las abajo firmantes ni de ninguna otra persona, de manera que a día de hoy caminamos libres y solas en defensa de la fe católica", afirman las religiosas excomulgadas.
En el comunicado que las diez firman, las exmonjas responden a las últimas declaraciones del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, quien anunció que el Arzobispado iniciará acciones legales si las diez mujeres no abandonan voluntariamente el monasterio, para lo que les ha concedido un plazo "prudencial" que no ha concretado.
Se niegan a abandonar el monasterio
Las exmonjas insisten en que la titularidad del monasterio y su actividad dentro del mismo es "una cuestión puramente jurídica", que no depende de la autoridad eclesiástica por lo que "deberá ser dirimida por los Juzgados y Tribunales correspondientes".
"Protestamos ante las amenazas al recurso a la fuerza pública para nuestro desahucio, que solo cabría si se acompaña de una resolución judicial contra nosotras que, además, en tal caso, habría de ser por nosotras incumplida en periodo de ejecución voluntaria", afirman y apostillan que, en el caso de su desalojo, no reconocen "autoridad alguna a nadie más que los Tribunales de Justicia".
"Decidimos separarnos de la Iglesia Conciliar en un clima conflictivo y por amor a la verdad católica, preservando y secularizando la actividad vitalicia a la que estamos consagradas y que llevamos a cabo en el monasterio, presentando instancia para otorgar naturaleza civil a nuestra labor sin el menor ánimo especulativo, pues nuestro patrimonio está ligado de forma vitalicia a la labor que desempeñamos", explican.
Piden al arzobispo de Burgos que se avenga con la comisión negociadora, que conforman el bufete Sarabia y Asociados, GTRS y el abogado Florentino Alaez, para "dar una solución extrajudicial al conflicto", que "satisfaga a todas las partes y evite tanto la presente situación como la judicialización del asunto".
"Supuesta trama inmobiliaria"
Explican que el monasterio consta inmatriculado en el registro de la propiedad en virtud de un documento privado de 1969 "que confiere el 100% de su pleno dominio a la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado sin que conste mayor condición o carga añadida", añaden las exmonjas.
Y rechazan las acusaciones, que lamentan haber "tenido la desgracia de escuchar", sobre "una supuesta trama inmobiliaria", porque aseguran que son "ridículas, salvo que la trama inmobiliaria sea entendida como la suma aritmética de los conventos de los que se nos pretende echar hasta las puertas de la misma calle, sin recursos y sin alternativa habitacional".
Las exmonjas insisten en que les han intervenido las cuentas corrientes y sus nóminas. "Nos han dejado sin poder atender los pagos de los proveedores de materia prima para nuestros dulces, no podemos acceder a nuestra propias notificaciones, etc", enfatizan.
Recuerdan que la comunidad de clarisas de Belorado ha desempeñado la actividad "que le es propia y legítima" en el monasterio y que está inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio, "regida por Derecho Canónico y por sus estatutos y expresándose formalmente a través de los órganos correspondientes (abadesa, vicaria y discretas)".
Por ello, aseguran que van a defender su condición de "legítimos poseedores" del monasterio por la actividad que desempeñan en el mismo y consideran que no se ha aclarado cuál es la naturaleza administrativa que "desvirtúa" su título o "a quién se supone que va adscribir el inmueble el órgano correspondiente sin incurrir en su libre asignación".
